Neuquén
Neuquén busca ponerle límites a la IA en las campañas políticas
Presentaron un proyecto para obligar a identificar contenidos creados con inteligencia artificial, prohibir deepfakes y controlar el uso de bots durante las elecciones provinciales.
La inteligencia artificial ya dejó de ser una novedad tecnológica para convertirse en una herramienta que empieza a meterse de lleno en la política. En ese escenario, en Neuquén se abrió un debate que hasta hace poco parecía lejano: cómo evitar que la IA se transforme en un mecanismo de manipulación durante las campañas electorales.
El diputado provincial Gerardo Gutiérrez presentó en la Legislatura un proyecto de ley que apunta a regular el uso de inteligencia artificial en procesos electorales. La iniciativa propone reglas específicas para campañas políticas, desde la obligación de informar cuándo un contenido fue generado con IA hasta la prohibición de deepfakes y bots destinados a influir artificialmente en la opinión pública.
La propuesta aparece en medio de una discusión que crece en distintos países por el avance de herramientas capaces de crear imágenes, audios y videos falsos con un nivel de realismo cada vez más difícil de detectar. En campañas políticas, el impacto puede ser especialmente sensible: un audio adulterado, una imagen manipulada o una cadena automatizada de mensajes pueden alterar el clima público en cuestión de horas.
Según el proyecto, cualquier pieza de campaña realizada o modificada mediante inteligencia artificial deberá incluir una identificación visible que informe esa condición. La medida alcanzaría publicaciones en redes sociales, videos, audios, imágenes y materiales gráficos difundidos durante períodos electorales.
La idea central es que el electorado pueda distinguir con claridad cuándo está frente a contenido auténtico y cuándo interactúa con material intervenido por sistemas automatizados.
El foco puesto en los deepfakes y los bots
Uno de los puntos más sensibles de la iniciativa está relacionado con los llamados “deepfakes”, contenidos falsificados mediante inteligencia artificial que permiten simular voces, rostros o declaraciones de personas reales.
El proyecto prohíbe expresamente utilizar este tipo de herramientas para engañar, manipular o difamar. En la práctica, apunta a impedir que durante una campaña circulen videos o audios adulterados de candidatos, funcionarios o dirigentes políticos sin consentimiento.
Además, también busca limitar el uso de bots automatizados no identificados. La intención es evitar operaciones digitales destinadas a instalar tendencias artificiales, amplificar mensajes políticos o generar movimientos ficticios en redes sociales.
Otro aspecto incluido en la propuesta tiene que ver con los datos personales de los votantes. El texto establece restricciones para el uso de información sensible con fines de segmentación política de precisión, salvo que exista autorización expresa de los ciudadanos involucrados.
En tiempos donde las campañas digitales dependen cada vez más del análisis de comportamiento en redes y plataformas, el tema empieza a ocupar un lugar importante dentro de la discusión política.
Qué deberán informar los partidos políticos
La iniciativa también incorpora obligaciones para partidos y alianzas electorales. En caso de utilizar herramientas de inteligencia artificial durante una campaña, deberán comunicar previamente ante la Justicia Electoral qué sistemas emplearán, cuál será su finalidad y bajo qué mecanismos de supervisión humana funcionarán.
La propuesta plantea además que el Poder Ejecutivo provincial actúe como autoridad de aplicación. Para eso, podría firmar convenios con universidades, organismos técnicos y organizaciones civiles orientados a monitorear contenidos adulterados y verificar el cumplimiento de la norma.
En paralelo, el proyecto contempla campañas de alfabetización digital para ayudar a la ciudadanía a reconocer publicaciones generadas mediante IA y comprender cómo funcionan estas tecnologías.
En los fundamentos, Gutiérrez sostiene que el crecimiento de estas herramientas modificó de manera profunda la forma en que circula la información y advirtió sobre los riesgos que eso puede generar en el debate público.
“La ciudadanía tiene el derecho fundamental de saber si está interactuando con otro ser humano o con una pieza de comunicación producida total o parcialmente por una máquina”, señala el texto presentado en la Legislatura.
El legislador también remarca que las simulaciones de identidad mediante inteligencia artificial pueden convertirse en una herramienta peligrosa cuando son utilizadas para desinformar o afectar la reputación de personas.
