Neuquén
Diputados neuquinos salen al cruce de la reforma de Zona Fría
Legisladores de distintos espacios políticos presentaron proyectos para rechazar la reforma impulsada por el Gobierno nacional y alertaron que los cambios podrían afectar los descuentos en las tarifas de gas para la Patagonia.
La discusión por la tarifa del gas se encendió en Neuquén y esta vez logró algo poco habitual: juntar críticas desde distintos sectores políticos. Mientras en el Congreso nacional avanza el debate para modificar el régimen de Zona Fría, diputados provinciales presentaron iniciativas para rechazar los cambios y alertaron sobre el impacto que podría tener en los hogares patagónicos.
El foco de la polémica está puesto en la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo nacional sobre la Ley 27.637, la norma que sostiene descuentos especiales en las tarifas de gas para provincias con bajas temperaturas. Según los proyectos presentados en la Legislatura neuquina, la modificación cambiaría el criterio actual del beneficio y dejaría la continuidad de los subsidios atada a decisiones administrativas del Gobierno nacional.
El primero en presentar una iniciativa fue el diputado provincial de Unión por la Patria, Darío Martínez, quien impulsó un proyecto de comunicación para expresar el rechazo a la propuesta enviada al Congreso mediante el Mensaje Nº 137-2026. El legislador cuestionó especialmente que el nuevo esquema elimine la garantía legal de descuentos definidos y habilite al Ejecutivo nacional a determinar cómo y a quiénes se aplicarán los beneficios.
Actualmente, el régimen contempla descuentos del 50% sobre la tarifa plena para usuarios de la Patagonia, la Puna y Malargüe, mientras que otras localidades incorporadas en la ampliación de 2021 reciben rebajas del 30%. La preocupación en Neuquén pasa por la posibilidad de que esos porcentajes ya no estén asegurados por ley.
El temor a más presión sobre las tarifas
Uno de los puntos más discutidos del proyecto nacional es que el acceso al beneficio quedaría vinculado al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto y basado en criterios de ingresos familiares.
Desde los sectores que rechazan la reforma sostienen que eso cambia el espíritu original de la Zona Fría. Argumentan que el esquema no fue pensado como una asistencia social tradicional, sino como una compensación por las condiciones climáticas extremas que obligan a un mayor consumo de gas durante gran parte del año.
Martínez remarcó además que el tema excede la cuestión tarifaria y toca un punto sensible para la Patagonia: el equilibrio federal. En sus fundamentos, planteó que no se puede equiparar el consumo energético de regiones templadas con el de provincias donde las temperaturas bajas forman parte de la vida cotidiana durante varios meses.
En paralelo, el diputado Andrés Blanco, del PTS-Frente de Izquierda Unidad, también presentó un proyecto en rechazo a la reforma nacional. En este caso, lo hizo mediante una declaración legislativa en la que apuntó directamente contra el esquema impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
Blanco sostuvo que el cambio beneficia al sector energético concentrado mientras reduce protecciones para usuarios residenciales. Además, cuestionó que el Ejecutivo nacional presente la reforma bajo un criterio de “progresividad”, cuando —según planteó— los recargos tarifarios seguirán vigentes para los usuarios comunes.
“Ya venimos de acumular una pesada carga de tarifazos en la energía”, advirtió el legislador neuquino al referirse al contexto actual que atraviesan muchas familias patagónicas.
La discusión llega en un momento sensible
El debate sobre la Zona Fría aparece en medio de un escenario marcado por aumentos acumulados en los servicios públicos y por el impacto que eso tiene especialmente en las provincias del sur del país.
Desde la oposición provincial sostienen que modificar el régimen ahora podría generar un efecto fuerte sobre economías familiares que ya destinan una parte importante de sus ingresos al pago de servicios básicos.
Blanco también cuestionó que el proyecto nacional mantenga beneficios fiscales y exenciones para sectores energéticos mientras se revisan subsidios destinados a usuarios residenciales. En esa línea, habló de una “contradicción” entre el ajuste sobre las tarifas domésticas y los incentivos que continúan vigentes para grandes empresas vinculadas a la producción y exportación de energía.
La tensión política creció además porque la iniciativa nacional ya consiguió despacho en comisiones de la Cámara de Diputados y podría avanzar rápidamente en el Congreso.
Por eso, desde Neuquén buscan que la Legislatura provincial tome posición antes de que el tratamiento parlamentario entre en su etapa decisiva. Tanto Martínez como Blanco coincidieron en pedirles a los diputados nacionales por la provincia que voten en contra de cualquier modificación que reduzca o flexibilice los beneficios actuales.
