boca de pozo
Ordenan revisar las comunicaciones de Grandío y el resultado podría afectar a Karina
Es en la causa por dádivas y negociaciones incompatibles pero temen que surjan datos sobre la licitación de Tecnópolis.
La investigación judicial que rodea al entorno de Manuel Adorni volvió a moverse y esta vez puso bajo la lupa a uno de sus, ahora ahora, vínculos más sensibles. El juez federal Ariel Lijo ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete y ligado a contrataciones con la TV Pública a través de su productora ImHouse.
Pero el aspecto más delicado del vínculo entre Adorni y Grandío no estaría dado por el viaje que hicieron juntos en un Jet privado, sino por el vínculo entre el Jefe de Gabinete, el conductor televisivo y la mano derecha de Karina Milei, quien pica en punta para quedarse con la explotación del predio de Tecnópolis.Tal vez por esta situación es que los analistas más desconfiados, sostienen que en el origen de ese negocio entre el estado y la productora Foggia, podría estar el argumento principal por el cual Karina y Javier Milei siguen sosteniendo al Jefe de Gabinete.
El vínculo no es demasiado complejo. Mara Gorini, colaboradora de extrema confianza de Karina Milei, está casada con Marcelo Dionisio, el dueño de Foggia. Foggia es una empresa sin ningún antecedente relevante, pero consiguió el respaldo financiero de otros dos grandes para entrar a la licitación de Tecnópolis, una de esos respaldos financieros viene de la mano de los hermanos Nofal, ambos cuñados de Marcelo Grandío. Lo llamativo es que ya quedaron afuera de la licitación sus dos competidores: una empresa vinculada a La Nación (que ya explota el Movistar Arena) y una productora perteneciente a Marcelo Fígoli, dueño de una importante productora y un conglomerado de medios que van desde Radio Rivadavia a Rock And Pop.
Lijo ya había ordenado un allanamiento en la TV Pública
Semanas atrás, el propio Lijo ya había impulsado un oficio para que la PSA ingresara a la TV Pública y recolectara documentación oficial sobre las contrataciones vinculadas a la firma de Grandio. Ahora el avance sobre las comunicaciones agrega otro escalón en la pesquisa y sugiere que la Justicia busca reconstruir cómo se gestaron esos vínculos, con qué interlocutores y bajo qué lógica.
La causa apunta a determinar si existieron delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública, dos figuras que en este contexto adquieren un peso político evidente. No se trata sólo de revisar papeles o contratos: se trata de establecer si la relación de amistad entre Grandio y Adorni pudo haber influido en decisiones estatales o en beneficios ligados al manejo de medios públicos.
Para el Gobierno, el problema es cada vez más incómodo. Adorni ya venía golpeado por la causa por presunto enriquecimiento ilícito, con foco en propiedades, viajes y gastos difíciles de justificar. Ahora, además, el radar judicial empieza a correr hacia su entorno y hacia un terreno especialmente delicado para la Casa Rosada: el uso del aparato estatal en áreas bajo su órbita política.
La decisión de Lijo no implica, por sí sola, una condena ni una definición de responsabilidad. Pero sí confirma que la investigación dejó de concentrarse sólo en movimientos patrimoniales y empieza a mirar también el tejido de relaciones, favores y contratos que rodean al jefe de Gabinete.
En un oficialismo que construyó buena parte de su identidad alrededor de la denuncia contra la “casta”, el avance del expediente vuelve a exponer una contradicción difícil de maquillar: mientras Javier Milei sigue predicando pureza moral desde el poder, la Justicia empieza a revisar si en el corazón mismo de su gobierno no se reprodujeron viejas lógicas de amistad, influencia y negocios con el Estado.
