Proponen un respaldo estatal para jóvenes sin cuidados parentales en Neuquén

El paso a la vida adulta no es igual para todos, y en Neuquén esa diferencia empieza a tomar forma de proyecto de ley. La iniciativa, impulsada por el diputado Claudio Domínguez, pone el foco en un grupo que muchas veces queda fuera del radar: adolescentes y jóvenes que crecen sin un entorno familiar estable y que, al egresar de dispositivos de cuidado, deben arreglárselas prácticamente solos.

La propuesta busca que el Estado provincial tenga un rol más activo y sostenido en ese momento bisagra. No se trata solo de asistencia puntual, sino de un acompañamiento continuo que arranque en la adolescencia y se extienda hasta los 25 años, con herramientas concretas para estudiar, trabajar y sostener una vida independiente.

El proyecto plantea la creación de un programa específico que funcione desde los 13 años, con una primera etapa obligatoria hasta la mayoría de edad y una segunda instancia voluntaria. La idea es anticiparse a la salida del sistema de protección y no intervenir cuando el problema ya está instalado.

Dentro de ese esquema aparece una herramienta central: un plan individual para cada joven. Ese seguimiento personalizado permitiría ordenar objetivos, detectar necesidades y acompañar procesos educativos, laborales y personales. La lógica es sencilla: no todos llegan al mismo punto ni tienen las mismas oportunidades, por lo que el abordaje tampoco puede ser uniforme.

En ese recorrido, el Estado asumiría un rol más presente, no limitado a la contención básica, sino enfocado en construir condiciones reales para la autonomía. La transición dejaría de ser un salto al vacío para convertirse en un proceso acompañado.

Educación, salud y trabajo como base

El proyecto enumera una serie de garantías que deberían estar disponibles para quienes formen parte del programa. Entre ellas, el acceso a todos los niveles educativos, la capacitación en oficios, las prácticas laborales y distintas herramientas de inserción en el mercado de trabajo.

También se incluye un abordaje integral de la salud, con especial atención en la salud mental y en situaciones de consumo problemático. A esto se suma el acceso a asistencia psicológica, social y legal, además de programas vinculados a vivienda y becas.

Otro de los puntos que sobresale es el patrocinio jurídico gratuito hasta los 25 años, una medida que busca evitar que cuestiones legales queden sin resolver por falta de recursos. Todo el esquema está pensado como complemento de las políticas nacionales, sin que una prestación anule a la otra.

Para sostener este entramado, la iniciativa contempla la creación de un fondo específico que garantice financiamiento y continuidad. La intención es que no dependa de decisiones aisladas, sino que funcione como una política pública estable, con implementación progresiva.

Un debate que empieza a instalarse

Más allá de los detalles técnicos, el proyecto abre una discusión que en la provincia empieza a ganar espacio: qué pasa con los jovenes que egresan del sistema de protección y qué herramientas reales tienen para sostenerse.

En ese sentido, la iniciativa busca ordenar una respuesta que hoy aparece fragmentada. El planteo es claro: el acompañamiento no puede terminar cuando termina el alojamiento. El texto ahora deberá atravesar el debate legislativo, donde se definirá su alcance final. Mientras tanto, pone sobre la mesa una situación que suele quedar invisibilizada y propone un cambio de enfoque: pasar de la asistencia momentánea a un proceso de acompañamiento sostenido en el tiempo.