boca de pozo
¿Se viene el “modelo Bukele” a Neuquén?: uniformes para presos y cárceles privadas en debate
La diputada opositora Brenda Buchiniz metió un debate de época en Neuquén.
Neuquén se mete de lleno en un debate de manual de esta época aunque ¿inevitable?: qué hacer con un sistema carcelario desbordado más allá de la voluntad del gobierno provincial y los nuevos pabellones de la U11. Y lo hace con una propuesta que tiene eco internacional.
La diputada provincial por Cumplir, Brenda Buchiniz, presentó un proyecto para el uso obligatorio de uniformes para presos y la posibilidad de avanzar hacia cárceles de gestión privada.
El modelo no es nuevo, pero la legisladora, que hizo la política de seguridad un objetivo, lo menciona sin rodeos: el estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que convirtió el endurecimiento del sistema penitenciario en una bandera política.
El argumento: crisis carcelaria y “cero control”
Según Buchiniz, la provincia vive una situación crítica por algo que ya se sabe. Hay detenidos en comisarías, presos con domiciliaria controlados por patrulleros y tobilleras, y una infraestructura que no alcanza. Al menos desde la concepción de que todo el mundo condenado tiene que estar preso.
Brenda Buchiniz, diputada provincial, es otra referente de la oposición al gobierno de Neuquén.
El dato político fuerte es que la advertencia no viene solo de la oposición, como en este caso de Buchiniz que conformo un bloque opositor en la Legislatura de Neuquén. Se suma que la jueza Raquel Gass encendió alarmas sobre las condiciones actuales de las cárceles.
“Hoy hay condenados en su casa o en comisarías donde no están dadas las condiciones. Eso no garantiza seguridad”, sostuvo la diputada.
El uso obligatorio de uniformes para detenidos es algo que hoy no existe de forma generalizada. La lógica que plantea el proyecto es practica, ya que si un detenido se fuga durante un traslado o incumple una medida, su identificación sería inmediata. “Si están vestidos de civil, es mucho más difícil recapturarlos”, explicó.
Pero hay otra capa, menos explícita y es que el uniforme también es símbolo de orden, disciplina y control estatal. En ese punto, es la metáfora del sistema salvadoreño de Bukele, donde hace de la cárcel una campaña política.
Cárceles privadas: eficiencia o negocio
El otro punto de la discusión es aún más profunda y tiene que ver con la participación del sector privado en la construcción y gestión de cárceles.
La propuesta apunta a acelerar tiempos. Frente al déficit de infraestructura —que también alcanza rutas, escuelas y hospitales—, la diputada plantea atraer inversores con beneficios fiscales, cesión de tierras o programas de incentivo.
Desde hace meses que se habla de cárceles colapsadas en Neuquén, pero los avances son muy lentos.
El proyecto incorpora una idea que es que las empresas tengan incentivos para la reinserción social de los detenidos, promoviendo trabajo y educación intramuros.
Incluso se menciona que los propios presos podrían confeccionar sus uniformes, generando oficio y actividad dentro del sistema.
El trasfondo político: seguridad como eje
Detrás del proyecto hay una jugada política que es de manual y que la gestión de Rolando Figueroa intenta instalarla con un sector de La Neuquinidad, en este caso con el ala dura del PRO que es el diputado Marcelo Bermúdez. Y es la de instalar la agenda de seguridad con medidas concretas, visibles y de impacto.
El planteo dialoga —aunque no necesariamente coincide— con la postura del gobernador Figueroa, quien ya reconoció el atraso estructural en infraestructura y tomó cartas en el asunto con un endeudamiento de 50 mil millones de dólares para la emergencia carcelaria, fondos que fueron canalizados por el ministro Matías Nicolini, y que poco se sabe de cómo se rindió ese dinero específicamente, más allá del os anuncios, las compras de chalecos y las pistolas Taser.
Neuquén empieza a discutirlo. Y el “efecto Bukele” ya está sobre la mesa.
