boca de pozo
La campaña rusa: sobregiro oficial, defensa gremial y silencio empresario
El sindicato de prensa salió a respaldar a un periodista y las empresas miran para otro lado.
La denuncia sobre una supuesta campaña de difamación contra el Gobierno nacional y Javier Milei en particular, presuntamente financiada por Rusia, volvió a tensar la relación entre el oficialismo y la prensa. Un vínculo que desde el inicio de la gestión se mueve entre la confrontación abierta y el intento de disciplinamiento y la adopción de un puñado de periodistas que ofician de propagandistas y miembros del comité de crisis oficial.
Esta vez, el cruce escaló a partir de, vaya paradoja, una investigación periodística, que apuntó contra una serie de empresas y profesionales del rubro que habrían sido auspiciados por la embajada de Rusia para promover información que deteriore la imagen gubernamental.
Una de las acusaciones tuvo como blanco al periodista de Infobae Juan Pablo Piscetta, que además es delegado gremial y miembro de la comisión directiva del Sindicado de Prensa de Buenos Aires. Frente a eso, el SiPreBA salió a denunciar una “caza de brujas” y a encuadrar el episodio dentro de una ofensiva más amplia contra el periodismo.
El respaldo a Piscetta
En un comunicado, el gremio respaldó de manera explícita al periodista, delegado en su medio e integrante de la comisión directiva del sindicato.
Según el SiPreBA, Piscetta “desmintió categóricamente los hechos” y además puso a disposición pública los artículos en cuestión, señalando que se trata de una cobertura habitual dentro del ejercicio profesional del periodismo.
Para el sindicato, la acusación no es un hecho aislado ni una simple polémica de coyuntura, sino parte de una estrategia oficial para correr el eje del debate público en un momento incómodo para el Gobierno.
“Quieren desviar la atención”
Desde el gremio plantearon que esta ofensiva ocurre justo cuando la Casa Rosada atraviesa dificultades para retomar la iniciativa política, en medio de denuncias e investigaciones que afectan a funcionarios del Poder Ejecutivo, como la diversidad de causas que se tramitan contra Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y por el uso del avión Presidencial, e incluso salpican al propio entorno presidencial, como en el caso Libra y la causa Andis.
El sindicato sostuvo que el oficialismo busca instalar enemigos externos o conspiraciones para desviar la atención de temas mucho más delicados, como las investigaciones periodísticas sobre enriquecimiento ilícito, dádivas y otros presuntos delitos vinculados a altos funcionarios.
Para el SiPreBA, el señalamiento contra periodistas no responde a una preocupación genuina por la desinformación, sino a la necesidad del Gobierno de defenderse de una agenda que se le volvió adversa.
La denuncia de hostigamiento sistemático
El comunicado también inscribe este episodio dentro de un proceso más amplio de confrontación del Gobierno con la prensa.
Según el sindicato, existe un “hostigamiento sistemático” hacia la actividad periodística, con el objetivo de dañar la libertad de expresión y condicionar el rol de control que el periodismo debe ejercer sobre los actos de gobierno.
En esa línea, el SiPreBA sostuvo que no sólo se busca atacar a determinados medios o periodistas, sino también debilitar al propio sindicato en el marco de otras peleas abiertas: la discusión salarial, el rechazo a la reforma laboral y la defensa del Estatuto del Periodista Profesional.
La pelea con la prensa y la construcción de enemigos
El gremio apuntó además contra el rol de medios y usinas digitales cercanas al oficialismo, como La Derecha Diario, a los que acusó de utilizar una investigación de origen dudoso para criminalizar el trabajo periodístico y convertir en “chivos expiatorios” a comunicadores afectados por la precarización laboral.
Una batalla tras otra
La disputa con la prensa no es nueva para la gestión Milei. Desde el comienzo, el oficialismo eligió una estrategia de confrontación permanente con periodistas, medios y organizaciones gremiales del sector, a los que acusa de operar políticamente o de defender intereses corporativos. Dos señalamientos que irrumpieron en la escena pero no tanto por la audacia ni la originalidad; sino por la ingenuidad y la liviandad con los que se llevaron adelante.
Pero el episodio actual tiene como novedad la aparición de una entidad concreta y una documentación que acreditaría ciertos vínculos y pagos específicos, que no son nuevos en ningún sistema de medios, pero que muestra de un modo demasiado burdo lo barato que están los medios y periodistas en la Argentina.
Además, ya no se trata sólo de desacreditar coberturas críticas o de atacar periodistas desde redes sociales, sino de vincular a trabajadores de prensa con operaciones extranjeras, en un escenario de fuerte polarización y desconfianza pública.
