boca de pozo
La causa por los vuelos de Adorni llegó a la TV Pública
La PSA ejecutó un allanamiento para secuestrar los contratos de Grandío.
La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio este viernes un paso que amplía el alcance político del caso: personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó en la TV Pública con una orden judicial para recolectar documentación sobre las contrataciones de la productora del periodista Marcelo Grandío, amigo del funcionario.
El procedimiento fue dispuesto por el juez federal Ariel Lijo y confirma que la causa empezó a correrse del episodio puntual del viaje privado a Punta del Este para meterse en una zona más delicada: la posible conexión entre ese traslado y los contratos que Grandío mantiene con el canal estatal.
El viaje, los contratos y la sospecha de una contraprestación
La hipótesis que analiza la fiscalía busca determinar si existieron dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.
El eje de esa sospecha está en el viaje que Adorni compartió con Grandío a Uruguay. Según la línea investigativa, la Justicia intenta establecer si el pago del vuelo pudo haber funcionado como una contraprestación vinculada a los negocios que el periodista sostiene con la emisora pública.
Ahí aparece el dato más sensible del expediente: ya no se investiga sólo quién pagó qué, sino qué relación material existía entre ese beneficio privado y el Estado.
Qué fue a buscar la PSA a la TV Pública
El requerimiento judicial no quedó limitado a los montos de contratación. Según fuentes judiciales, la orden incluyó también información sobre los mecanismos de control laboral alrededor de Grandío.
La Justicia pidió:
- documentación sobre los contratos de la productora
- registros de ingresos y egresos
- justificación de inasistencias
- datos que permitan reconstruir si el vínculo laboral cumplía con la normativa vigente
Es decir, el tribunal no sólo busca saber cuánto cobraba o bajo qué modalidad era contratado, sino también si existía una estructura de funcionamiento regular o un esquema de beneficios irregulares sostenido desde el Estado.
Un expediente que empieza a escalar
El avance sobre la TV Pública muestra que la causa entró en una nueva fase. Si hasta ahora el foco público estaba puesto en el costo político del viaje de Adorni o en las versiones cruzadas dentro del oficialismo, la medida de este viernes introduce otro plano: la verificación documental de relaciones contractuales concretas.
Y eso cambia el tono del caso. Porque, si la Justicia logra probar que hubo contraprestaciones o favoritismos, la discusión dejaría de girar solamente alrededor de una conducta impropia o de un problema de imagen para entrar en un terreno penal más comprometedor.
La incomodidad del Gobierno
La medida también golpea en una zona especialmente incómoda para el oficialismo: la relación entre funcionarios, medios públicos y contratistas cercanos. Sobre todo porque el Gobierno construyó buena parte de su narrativa sobre la idea de haber llegado para terminar con los privilegios y las intermediaciones del viejo Estado.
