Baja de imputabilidad: Diputados debate el nuevo régimen penal juvenil en una sesión clave

En una semana legislativa marcada por tensiones y votaciones estratégicas, la Cámara de Diputados se prepara para debatir este jueves dos proyectos de alto impacto político y social: el nuevo régimen penal juvenil —que incluye la controvertida baja de imputabilidad a 14 años— y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Será el primer examen del año para el Gobierno en Diputados, después de la media sanción de la reforma laboral en el Senado, y en un contexto donde organizaciones de derechos humanos y especialistas cuestionan la orientación punitiva del Ejecutivo.

El oficialismo llega a la sesión con dictamen de mayoría gracias a una arquitectura legislativa que combinó a La Libertad Avanza con los votos del PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y el MID. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el proyecto: advierten que la baja de imputabilidad “criminaliza la pobreza infantil”, contradice estándares internacionales y evita discutir la violencia institucional y el estado crítico del sistema penal juvenil.

El punto central de la propuesta es la habilitación para imputar a adolescentes desde los 14 años. El Gobierno defiende la medida como una respuesta “necesaria” frente a la inseguridad, aunque los datos oficiales indican que los delitos graves cometidos por menores representan un porcentaje marginal del total. Además, el texto contempla sanciones alternativas, prohíbe alojar a jóvenes con adultos, fija un máximo de 15 años de pena y descarta el encierro para delitos con condenas menores a tres años. Para penas de entre tres y diez años sin lesiones graves ni homicidios, se priorizan medidas educativas o comunitarias.

Pese a estas medidas complementarias, especialistas advierten que el espíritu del proyecto sigue siendo regresivo: aumenta la intervención punitiva sobre adolescentes en un sistema ya saturado, sin infraestructura adecuada y con denuncias persistentes por maltratos. El propio oficialismo tuvo que aceptar cambios exigidos por los bloques dialoguistas, como garantizar financiamiento: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia. Para muchos, es la admisión explícita de que hoy el Estado no tiene las herramientas necesarias para implementar la reforma.

Paralelamente, Diputados también votará la ratificación del acuerdo Mercosur–Unión Europea. El proyecto, que reúne más de 5.000 páginas y busca eliminar aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur, cuenta con apoyo del oficialismo y de los bloques dialoguistas. Aun así, su aplicación enfrenta un obstáculo decisivo: el Parlamento Europeo ordenó que el Tribunal de Justicia de la Unión revise el convenio antes de que pueda entrar en vigencia, un proceso que podría tardar hasta dos años. Incluso se baraja la posibilidad de una aplicación provisoria, lo que abriría un nuevo frente de debate político y regulatorio.

Con un pleno que podría extenderse hasta la madrugada, el Congreso se dispone a discutir proyectos que marcarán el rumbo penal y económico del país. Mientras el Gobierno celebra mayorías circunstanciales, crecen las voces que alertan que bajar la edad de imputabilidad no reduce el delito y expone aún más a adolescentes vulnerables a un sistema estatal que aún no puede garantizar derechos básicos. En esa tensión —entre urgencias políticas y deudas estructurales— se define la pulseada legislativa de este jueves.