Neuquén
Crisis carcelaria: ¿Dónde están los 55 millones de dólares del ministro?
Un fallo anulado de un juez dejó desnudo al gobierno. No hay más lugar para condenados.
La crisis carcelaria en Neuquén volvió a poner en evidencia las falencias del gobierno provincial. El sistema penitenciario está colapsado, las comisarías funcionan como cárceles improvisadas y el oficialismo no tiene respuestas. La única idea es bloquear cualquier tipo de cuestionamiento, incluso, desde el mismo Poder Judicial de Neuquén.
El juez de garantías Juan Manuel Kess intentó intervenir ante la falta de soluciones y prohibió que nuevos condenados sean alojados en comisarías a partir del 4 de marzo. Su fallo, sin embargo, generó una reacción feroz del gobierno y un rápido contraataque judicial.
El juez cayó en el mismo sistema bolsa que cualquier voz crítica, en la gestión de Rolando Figureoa: le tiraron con toda la artillería judicial y mediática.
El ministro de Seguridad, Matías Nicolini tiene 55 millones de dólares disponibles paa la emergencia carcelaria. Pero desde hace un año que no hay avances.
Pero el tema de fondo es saber qué pasó con los 55 millones de dólares que tenía disponible el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, para enfrenar esta crisis cuando se declaró el año pasado la emergencia. ¿Se usó para la compra de móviles? ¿Fue solo una fachada pintoresca de algo que tendría que haber sido más profundo?
Este lunes, un Tribunal de Revisión anuló la resolución argumentando que la fiscalía de Estado no había sido convocada a la audiencia. Pero más allá de la pelea judicial, el problema sigue siendo el mismo: la emergencia carcelaria lleva un año sin avances concretos y el Ejecutivo de Rolando Figueroa sigue sin construir nuevas cárceles.
Un fallo que expuso el colapso del sistema carcelario
El fallo de Kess surgió a partir de un habeas corpus colectivo impulsado por el Ministerio Público de la Defensa, encabezado por Vanina Merlo. La defensa pública alertó sobre las condiciones de hacinamiento extremo en las comisarías, donde detenidos condenados conviven con presos sin sentencia firme, en lugares que no están preparados para alojarlos.
La decisión del juez establecía dos medidas fundamentales: prohibía el traslado de condenados a seis comisarías que ya no tienen cupo: las unidades 4, 10, 13, 20, 21 y 52 y a partir del 4 de marzo, impedía que nuevos condenados sean alojados en comisarías.
La medida generó alivio en los defensores de los derechos humanos, pero una inmediata reacción política.
Bermúdez, ladero low cost de Nicolini
La respuesta del oficialismo fue furiosa. El primero en salir al cruce fue el diputado Marcelo Bermúdez, presidente del PRO en Neuquén y una de las principales espadas mediáticas del gobierno de Figueroa.
Bermúdez no solo criticó el fallo, sino que instaló un discurso alarmista, asegurando que la decisión de Kess convertía a Neuquén en una “zona liberada” para los delincuentes. “Es un fallo que a la gente de bien le debe causar estupor”, afirmó en sus múltiples apariciones radiales.
El diputado evitó hablar del verdadero problema: el colapso del sistema penitenciario y la inacción del gobierno durante este año. Su rol fue claro: desviar la discusión y atacar al juez para no explicar por qué, después de un año de emergencia carcelaria y 55 millones de dólares disponibles, la provincia no sumó ni una sola plaza nueva en las cárceles.
Eso sí hubo dinero para cambiar los logos y la imagen de los móviles policiales y hasta los uniformes. Las formas por sobre el fondo, a través de la contratación de una costosa consultora, según pudo saber Política Viral.
El fallo cayó, pero la crisis sigue
Este lunes, la estrategia del gobierno dio resultado. Un Tribunal de Revisión, integrado por los jueces Cristian Piana, Dardo Bordón y la jueza Carolina García, declaró nula la resolución de Kess por una cuestión técnica: la fiscalía de Estado no había sido convocada a la audiencia.
El abogado Gustavo Kohon, representante del fiscal de Estado Raúl Gaitán, se presentó sorpresivamente en la audiencia y alegó que se había enterado del fallo “por los medios”. Aseguró que la provincia no tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa y que la decisión de Kess podía generar consecuencias legales incluso a nivel internacional.
El Tribunal, sin entrar en el fondo de la cuestión, anuló el fallo y ordenó que se realice una nueva audiencia con otro magistrado. Será el juez Luis Giorgetti quien deba resolver el tema el próximo miércoles.
Un año de emergencia y ninguna solución
Más allá del debate judicial, la crisis carcelaria en Neuquén sigue sin respuestas. En marzo de 2023, la Legislatura sancionó la Ley de Emergencia Carcelaria, que puso a disposición del gobierno provincial 55 millones de dólares para infraestructura penitenciaria y seguridad.
Sin embargo, en todo este tiempo no se construyó una sola nueva cárcel ni se habilitó una sola plaza extra. El gobierno de Figueroa, que asumió en diciembre, lleva más de dos meses en funciones sin mostrar avances concretos.
El propio juez Kess desjó en claro cómo es la situación: “Después de un año de la sanción de la ley de emergencia carcelaria y con 55 millones de dólares disponibles, la cantidad de plazas nuevas creadas es cero. En Neuquén se construyen edificios en un año, pero no pueden terminar un módulo para 27 personas”.
El gobierno provincial intentó justificar la demora con argumentos burocráticos, asegurando que hay proyectos en marcha y que las soluciones no son inmediatas. Sin embargo, el colapso del sistema penitenciario no es nuevo: lleva años agravándose y la ley de emergencia tenía justamente el objetivo de acelerar las respuestas.
Mientras tanto, las comisarías siguen desbordadas y los presos condenados continúan alojados en condiciones que fueron calificadas como “trato cruel, inhumano y degradante” por el Ministerio Público de la Defensa.
La reacción de Bermúdez no fue casual, y colaboró para tirarle tierra al juez. Como un escudero del gobierno, su rol en la discusión pública fue instalar el miedo y decir verdades a medias. “Neuquén se convirtió en un paraíso para los delincuentes”, afirmó, en un intento de desviar la atención del problema de fondo.
Pero Kess no dejó pasar sus declaraciones y le respondió con dureza: “Bermúdez desinforma a la población con las barbaridades que está diciendo. No le estoy diciendo al gobierno que libere presos, le estoy exigiendo que haga lo que tiene que hacer”.
El diputado no solo evitó responder por la falta de cárceles nuevas, sino que intentó deslegitimar la decisión judicial con un discurso de mano dura. La estrategia oficialista fue clara: ante la falta de gestión, el enemigo es el juez.
La anulación del fallo de Kess le dio un respiro al Ejecutivo, pero no solucionó el problema de fondo. La nueva audiencia de habeas corpus se realizará el miércoles, y el gobierno sigue sin una estrategia clara para responder a la crisis.
Las soluciones temporales, como la instalación de módulos habitacionales que se utilizan en la industria petrolera, fueron descartadas sin justificación. La única respuesta del oficialismo fue judicializar el conflicto y evitar asumir responsabilidades.
En el medio, los condenados seguirán en comisarías, los policías seguirán cumpliendo funciones que no les corresponden y el sistema penitenciario seguirá colapsado. El fallo de Kess expuso la falta de gestión del gobierno de Figueroa, y aunque fue anulado por una cuestión técnica, el problema sigue estando sobre la mesa.
Lo que sigue es previsible: el gobierno intentará dilatar la discusión y desviar la atención, mientras la crisis carcelaria continúa sin respuestas.
