Neuquén
Nadie resiste un archivo: el gobierno le pone un «chip» a las viandas de los comedores
Los comedores de las organizaciones sociales están bajo la lupa. Cómo juega la política.
El gobierno de Neuquén quiere ir a fondo con un tema tabú y delicado que pocas veces se expuso: el control de la comida, que reciben las organizaciones sociales, que hoy están bajo la lupa de Rolando Figueroa.
Un control, por momentos parcial, donde algunos de los viejos partidos políticos, ya han cruzado el charco, para calentarse con el sol del gobierno de turno.
La idea es implementar declaraciones juradas y un sistema de geolocalización, para controlar cada razón y plato de comida que llega a los barrios, algo que incomoda a los partidos políticos, que tiene causas penales por defraudación y asociación ilícita.
El tema roza los millones de pesos que otorgó a gestión de Omar Gutiérrez a partidos políticos y organizaciones sociales, como una forma de sellar una “paz social”.
El gobierno implementó una auditoría con geolocalización de comedores. Las organizaciones resisten. Muchas están bajo la lupa judicial.
Se trata del reparto de viandas en comedores que nunca fueron auditados. Y como aquella frase del General Perón que dice que “los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores”, los controles llegaron en la peor hora política para las organizaciones.
Comedores: autorías, justicia y política
La medida, encabezada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, liderado por Lucas Castelli, busca establecer un control detallado sobre el sistema de asistencia alimentaria en estos espacios, donde miles de personas dependen de un plato de comida cada día.
Según tuvo acceso Política Viral, la provincia de Neuquén cuenta con un total de 12.483 beneficiarios que dependen de las viandas entregadas en los comedores comunitarios.
De estos, 18 comedores son de gestión directa del gobierno, mientras que 41 se administran de manera mixta entre el gobierno y organizaciones sociales.
Además, existen 70 comedores que son manejados exclusivamente por organizaciones sociales, como el Frente de Organización de Lucha (FOL), Libres, Frente Darío Santillán, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), UTEP, FOL Bloque, Polo Obrero, CTEP, Identidad, MST, MTE y el Movimiento Evita.
Algunas de estas organizaciones tuvieron amplios beneficios en la gestión de Omar Gutiérrez y están bajo la lupa del Ministerio Público Fiscal. Pero hay otras que están zafando de la justicia. Precisamente las que se han puesto del lado del Frente Neuquinizate. ¿Tenían los mismos mecanismos con la entrega alimentaria en comedores o tiene protección política? Se verá con el tiempo.
Geolocalización: nadie resiste un archivo
Ente las medidas que tomará el gobierno provincial, las organizaciones serán auditadas, con un sistema de geolocalización y tendrán que detallar de manera minuciosa, la cantidad de beneficiarios, viandas y demanda en los comedores.
Algunas organizaciones, como Libres del Sur, salieron a vender esta medida como “un acuerdo” con el gobierno de Rolando Figueroa, pero es todo lo contrario: habrá más controles a la distribución de la comida y tendrán que rendir cuentas.
El Polo Obrero tiene casi el 50% de los comedores gestionados por organizaciones, y concentra una gran parte de la asistencia alimentaria.
Esta red de organizaciones cumple un papel fundamental en el sostén de familias vulnerables y ha sido un nexo directo entre el Estado y las comunidades más necesitadas. Pero con el tiempo, los números se fueron desvirtuando. El Gobierno provincial detectó que, en algunos comedores, había menos beneficiarios reales, y más comida recibida. El control molestó a los dirigentes de las organizaciones, que por primera vez alguien intenta ponerle el cascabel al gato.
La medida de Castelli tiene una alta consecuencia en la política y pone un manto de dudas sobre cómo jugarán las organizaciones sociales en estos meses, muy complejos por la crisis en los sectores más vulnerables.
¿Qué hará Figueroa con los comedores?
¿En qué o quiénes se apoyará Rolando Figueroa para la asistencia alimentaria? ¿Tiene equipos preparados? ¿Habrá una depuración de organizaciones? Son varias preguntas aún sin respuesta, para que nadie pase de largo. El año que viene hay elecciones y el camino aún es largo.
La nueva medida del Ministerio de Desarrollo busca implementar un sistema de control que permita conocer con precisión cuántas viandas se distribuyen, dónde y a cuántas personas. Ahora bien, ¿cómo funcionará este tipo de auditorías que las organizaciones firmaron con el gobierno provincial?
*Controlar la cantidad de comida: se busca garantizar que los insumos y viandas asignados se destinen realmente a los beneficiarios.
*Monitorear la demanda y los faltantes: identificar en tiempo real las necesidades de cada comedor.
*Geolocalización de los comedores: registrar la ubicación exacta de cada comedor, de forma que el Ministerio pueda supervisar directamente los sitios de entrega.
La implementación del sistema de geolocalización permitirá que el gobierno tenga un registro actualizado de los lugares en donde se ofrecen los servicios de alimentación. Se permitirá una supervisión más ágil.
Las auditorías han generado ciertas resistencias entre las organizaciones sociales, que sienten que la medida representa una intervención directa en su gestión. Y lo es, porque los alimentos pertenecen al estado provincial.
Las organizaciones aceptaron firmar una declaración jurada, a la que ellos llamaron “acuerdo”. Pero es todo lo contrario. Un compromiso para poder seguir recibiendo insumos.
Puntos clave de las declaraciones juradas
*Entrega de insumos: el Ministerio de Desarrollo Social asegura la entrega gratuita de insumos alimentarios. La cantidad de estos puede variar en función del promedio de viandas entregadas y los relevamientos realizados por el gobierno. A partir de noviembre de 2024, cualquier incremento en la cantidad de insumos requerirá la tramitación de expedientes de compra para cumplir con la demanda creciente.
*Supervisión y actualización de información: las organizaciones deben informar cualquier cambio en sus datos y permitir la supervisión por parte del personal autorizado del Ministerio. Esto incluye la verificación de datos, actividades y número de beneficiarios. Esta medida busca establecer una comunicación constante entre el gobierno y las organizaciones, de forma que la actualización de información se convierta en una práctica estándar.
*Responsabilidad y autonomía: cada organización es responsable de cualquier eventualidad que pueda generar responsabilidades civiles o laborales en sus comedores. Este punto aclara que el Estado no tiene ninguna relación laboral con los empleados de estos espacios.
Resistencia y cuestionamientos
A pesar de la firma del acuerdo, las auditorías generaron resistencia entre algunas organizaciones sociales que sostienen que el sistema de control podría interpretarse como una intervención excesiva en la gestión de los comedores.
Las organizaciones temen que el Estado pueda llegar a utilizar este mecanismo de auditoría como una forma de ejercer presión o incluso condicionar la entrega de insumos en el futuro.
“El control es necesario, pero también debemos cuidar que no se convierta en una forma de coacción. Estamos dispuestos a trabajar con el Ministerio, pero la autonomía de nuestras organizaciones es fundamental”, expresaron desde el Frente de Organización de Lucha (FOL).
El gobierno ya le puso una especie de “chip” a la comida que reciben las organizaciones sociales, bajo la lupa judicial. Hay una relación incómoda entre Figueroa y estos grupos, que a la larga, no saben si trabajarán o no para los intereses del gobierno.
