El Exministro

La gestión del ahora exministro de Economía Martin Guzman ha terminado. Y ha terminado por su propia decisión.
Ha señalado que no contó con los instrumentos necesarios para continuar con su política económica.

La historia dirá que su gestión fue atravesada por una pandemia global solo comparable a la acaecida a principios del siglo XX (gripe española de 1918) y el comienzo de, quizá, una tercera guerra mundial. También dirá que llegó al Ministerio con un país cuyo gobierno
precedente, tomó el crédito más grande en su historia otorgado a una nación por el FMI desde su creación (unos 45 mil millones de USD recibidos, de 57 mil millones aprobados), luego de haber agotado una capacidad de crédito privado de aproximadamente otros 100
mil millones. Aún antes de la pandemia y la guerra, la inflación se había duplicado en 4 años: de un 27% a un 54% anuales.

Ahora bien. Las responsabilidades se asumen (o se rechazan) de acuerdo a un estado de cosas. Y ese estado de cosas definió la promesa electoral que llevó al gobierno a ser gobierno y a Guzmán a ser su ministro de Economía. Esa promesa tenía que ver con mejorar la calidad de vida de un Pueblo. Tenía que ver con precios, salarios, jubilaciones, pensiones, tarifas, deudas, trabajo… el plato de comida en la mesa de las familias.

El canje de deuda realizado por el ex ministro, correspondiente a deuda con acreedores privados (no con el FMI), logró un ahorro de entre 36 y 38% en 10 años (2020-2030) sobre ese total de 100 mil millones de dólares de crédito privado.

El canje de deuda de 2005 implicó una quita del 66% de la deuda por reestructurar, que estaba en default desde la crisis de 2001. Aquel canje logró reducir la deuda pública total de más de 190 mil millones de dólares a poco mas de 125 mil millones a pagar hasta 2033,
2038 y 2045, logrando una aceptación del 76% de los acreedores, que se completó en 2010, logrando misma quita y pasando de aquel 76% a más del 92% de aceptación de la masa de acreedores.

El acuerdo arribado con el FMI por el ex ministro, por los más de 45 mil millones de dolares prestados a la gestión de Mauricio Macri, en flagrante violación de las leyes nacionales, del propio estatuto del organismo internacional, y «fugado» en una proporción por lejos superior
al 95% del total: 1) no implicó quita; 2) no consiguió no consiguió reducir intereses; 3) ni siquiera logró, a partir del reconocimiento del organismo de las consecuencias de dicha deuda, eliminar la sobretasa impuesta al pais por obtener un préstamo superior al límite que
le correspondía por su participacion en dicho organismo; y 4) impuso metas fiscales y de acumulación de reservas en el BCRA. Y, todo esto, canjeando una deuda «vieja» (la de Macri) por una deuda «nueva» derivada de que aquella, la «vieja», se iba a ir cancelando con
nuevos fondos prestados por el FMI que, así como «entraran» en las cuentas de la Argentina, «saldrían» de las mismas con destino a mismo Fondo.

Todo, sujeto al control que dicho organismo prevé para esto que se firmó: un acuerdo de facilidades extendidas históricamente previsto como línea de crédito del Fondo. Y (de nuevo) todo esto, luego de 2 (dos) años de negociaciones, habiendo estirado todos los plazos al punto de que no quede opción más que tomar estas condiciones, o entrar en cesación de pagos con el mismo, con las consecuencias catastróficas del caso: corrida cambiaria, devaluación, licuación de salarios por más inflación, crisis social, económica y política (gobernabilidad), etc.

Mientras tanto, la pandemia obligó (dada la capacidad 0 -cero- de acceder a crédito internacional) a incurrir fuertemente en incrementar el gasto del Estado. Se realizó vía emisión monetaria, dado que la gestión macrista incluso hasta había «defaulteado» la deuda en pesos y, por ende, tampoco había margen para financiar dicho gasto con deuda en moneda local. En este sentido, la primer versión del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) «desnudó» la realidad de más de 9 millones de argentinos y argentinas (y habitantes extranjeros de nuestro suelo) «caídos del sistema»: desde trabajadores y trabajadoras precarizados y precarizadas hasta personas humanas de las que el Estado no tenía ni noticias en ninguno de sus distintos sistemas.

Se lanzó en abril de 2020, bajo la forma de un bono de $ 10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia, que demandó un gasto fiscal de más
265 mil millones de pesos. Casi un punto del PBI.

¿Qué paso luego? Hubo solo 3 (dos) versiones más de esta herramienta. El último IFE se pagó en 2 (dos) cuotas de $9.000.-, en la segunda mitad de Mayo y la segunda mitad de Junio, pero para un universo de 6,2 millones de personas. Y no de 9 millones, y con una inflación anualizada que pasó del 54% real a un 70% estimado, como «piso».

El PBI de 2021 (lo que producimos, todos y todas, en el periodo de un año calendario), luego de una más que lógica caída en 2020 a consecuencia de los cuidados que debieron implementarse en el marco de la pandemia de COVID-19, creció por encima del 10%. El
superavit comercial (exportaciones menos importaciones) ascendió a más de 14 mil millones de dólares. Se crearon más de 1,2 millones de nuevos puestos de trabajo formales.

Pero la gran masa de trabajadores y trabajadoras, aún formales («en blanco»), se encuentran por debajo de la línea de pobreza y del mencionado saldo comercial positivo, ningún dólar logró engrosar las reservas del Banco Central. Dichos dólares sirvieron, en
buena parte, para importar energía necesaria para el consumo de los hogares y para sostener el crecimiento económico, pero otras buena parte sirvió, también, para pagar importaciones de suntuarios y turismo internacional o para sobreestoqueos de insumos para la producción (una forma de hacerse de dólares baratos por parte de las grandes empresas). La escasez de dólares alimentó (de nuevo) expectativas devaluatorias del peso.

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Ésto, sumado a posiciones oligopólicas en distintos sectores de la economía (sobre todo los más sensibles, como los ligados a los alimentos), sumado a incrementos autorizados de precios de servicios regulados (luz, agua, gas, medicina prepaga y telecomunicaciones
-fallida declaraciones como servicios públicos mediante-), etc., «se comió» los salarios. El PBI, aún cuando mayor, se trasladó desde el pueblo trabajador a los empresarios.

¿Lo heredado? ¿La pandemia? ¿La guerra? ¿Intereses? ¿Todo junto? Se pierden innumerables elementos en favor del ex ministro en esta nota. Se pierden innumerables elementos en su contra, también. Pero, volviendo al principio: la promesa electoral que llevó al gobierno a ser gobierno, y a Guzmán a ser su ministro de Economía, tenía que ver con mejorar la calidad de vida de un Pueblo. Vía precios, salarios,
jubilaciones, pensiones, tarifas, deudas, trabajo… y el plato de comida en la mesa de las familias. De todas las familias.

Con los elementos de la presente nota (y con todos los que, actuando como ciudadano/a, cada lector/a recabe), cada uno definirá si contribuyó a cumplir o no con la promesa hecha.

Por Javier Martínez.
Cdor. Público
FCE-UBA (Título en trámite).