Milei fijó por decreto un aumento del salario mínimo por debajo de la oferta empresarial

El gobierno de Javier Milei laudó de manera unilateral la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil tras el fracaso de las negociaciones en el Consejo del Salario, estableciendo un piso salarial inferior al que habían propuesto los propios empresarios. La resolución oficial, rubricada por decreto ante la falta de consenso entre las cámaras patronales y las centrales sindicales, generó una fuerte sorpresa e indignación en el arco gremial por consagrar un incremento menor a la pauta que el sector privado estaba dispuesto a convalidar.

Durante las reuniones paritarias del organismo tripartito, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) habían solicitado una recomposición urgente para recuperar el poder de compra frente a la inflación acumulada. Ante el rechazo sindical a las primeras ofertas oficiales, los representantes del sector empresario terminaron formalizando una contrapropuesta con una cifra determinada para destrabar el entendimiento.

Sin embargo, al no alcanzarse la mayoría reglamentaria requerida, el Poder Ejecutivo intervino mediante un laudo ministerial que fijó el haber mínimo por decreto. La sorpresa radicó en que la cifra final decretada por el Gobierno nacional se ubicó sensiblemente por debajo del monto que las principales cámaras empresariales habían llevado a la mesa de discusión, marcando un precedente sin antecedentes cercanos en la dinámica de las negociaciones laborales argentinas.

Los analistas del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA aseguraron que el salario mínimo real acumuló una caída de 40,5% entre noviembre de 2023 (equivalentes a $626.106) y julio de 2026 ($372.400).

“Esta contracción lleva a que el salario mínimo en términos reales de julio de 2026 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad. Asimismo, implica una erosión del 67% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, de forma tal que representa apenas un tercio del mismo”, remarcaron.

La determinación oficial profundizó el malestar del movimiento obrero organizado, que denunció una maniobra deliberada para consolidar el atraso en los ingresos de los sectores más vulnerables. Dirigentes de la CGT y las CTA advirtieron que la intervención del Ejecutivo desvirtúa el rol de mediador estatal y actúa como un ancla a la baja sobre el resto de las negociaciones colectivas y los programas sociales indexados al salario básico.

Frente a este escenario, las cúpulas sindicales anticiparon que evalúan presentaciones judiciales para cuestionar la validez del laudo y advirtieron sobre la posibilidad de convocar a nuevas medidas de fuerza en rechazo al congelamiento de los ingresos en la base de la pirámide laboral.