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Perú, ¿modelo o advertencia?
Tras el balotaje del pasado domingo 7 de junio, Perú profundiza su crisis institucional. Mientras sectores económicos argentinos celebran su «estabilidad macro», la realidad revela una democracia en agonía, capturada por cúpulas, prácticas de lawfare y una fractura social que prefiere el descarte a la esperanza.
La jornada electoral del 7 de junio no fue un simple ejercicio democrático, sino el punto de inflexión de una crisis estructural que, tras una década de inestabilidad y el desfile de nueve presidentes, ha dejado al Estado en una posición de vulnerabilidad crítica. Más de 27 millones de peruanos fueron convocados a sufragar en una elección atípica: con 36 candidatos iniciales, una logística errática que alargó la votación por 24 horas y unos resultados que, según advierte el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), podrían demorarse hasta julio.
Mientras el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, ensalza al Perú como un «país normal» cuya estabilidad macroeconómica —basada en que la rotación de presidentes no afecta los negocios— debería ser nuestro horizonte, la realidad peruana revela una sombría verdad: la estabilidad de los números oculta la agonía de las instituciones.
Esta visión, heredera del pensamiento de la Escuela de Chicago, subordina la democracia y los derechos humanos a la estabilidad de las cifras. Sin embargo, la salud de «la macro» esconde una realidad donde el crecimiento basado en la minería convive con una corrupción sistémica que ha envuelto a los últimos seis presidentes electos: Fujimori, Toledo, García, Humala, Kuczynski y Castillo.
Dos modelos, una nación fracturada
Esta elección, definida como la más compleja de la historia, enfrenta a los peruanos ante dos proyectos antagónicos. La disputa entre Keiko Fujimori (50,176%) y Roberto Sánchez (49,824%) no solo refleja una fractura territorial, sino la consolidación de un sistema que ha neutralizado cualquier alternativa disruptiva.
Fujimori, que reivindica plenamente el legado de su padre, promete «mano dura» y libre mercado desde los centros urbanos. En la vereda opuesta, Sánchez, con un discurso de izquierda radical centrado en la liberación de Pedro Castillo y la revisión de contratos mineros, consolida su fuerza en la sierra sur y norte.
La polarización es total, pero más que una elección por convicción, es un ejercicio de descarte: como bien señaló el periodista César Hildebrandt, los peruanos se enfrentan a la ingrata disyuntiva de elegir «entre una señora asociada carnalmente al crimen y unos señores a los que no les compraríamos ni un auto usado».
Ingeniería de la exclusión: PASO y Bicameralidad
La actual oferta política no es un accidente, sino el resultado de una ingeniería institucional deliberada para blindar a las élites. La eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fue el golpe de gracia a la participación, trasladando la selección de candidaturas al hermetismo de cúpulas partidarias que operan como negocios cerrados.
A esto se suma el estreno de la bicameralidad. Aunque se vendió como un mecanismo de estabilidad, en la práctica ha funcionado como el blindaje definitivo para el «Pacto Mafioso», una alianza parlamentaria transversal que integra sectores de derecha e izquierda en defensa de impunidades compartidas. Esta estructura ha logrado copar las instituciones clave: el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia. Para el fujimorismo, esto es la plataforma para imponer una «era» de control total, incluyendo la reforma del artículo 112 constitucional para habilitar la reelección indefinida.
El lawfare como «Guerra Híbrida»: Un método de exportación
En este laberinto, el lawfare se ha consolidado como el método predilecto de gestión política, una «guerra híbrida» que, como bien advierte el debate público en Argentina, se ha vuelto un fenómeno regional. Lejos de ser una figura retórica, es la herramienta técnica que permite a los actores del poder neutralizar amenazas mediante el uso espurio del sistema judicial. Esta práctica, que en Perú ha derivado en la apertura de carpetas fiscales seriadas, prisiones preventivas de dudosa justificación y una mediatización constante de expedientes, busca la «muerte civil» del contrincante antes que la búsqueda de la verdad.
Al igual que en otros países de la región, esta instrumentalización ha transformado a los tribunales en el verdadero centro de gravedad de la contienda. El Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia han sido señalados por diversos sectores —desde el fujimorismo hasta el entorno de Pedro Castillo— de actuar como un brazo ejecutor de agendas políticas.
Cuando la justicia abandona su rol de árbitro imparcial, se subvierte el due process of law para convertir al adversario no en un contendiente programático, sino en un «enemigo» a ser eliminado mediante el expediente judicial. El lawfare es, en última instancia, la garantía última del establishment para que, aunque la política cambie, los fundamentos del modelo no se toquen.
La falacia de la «macro» y el espejismo del modelo
El éxito económico peruano es un espejismo: un sector minero que exporta 42 mil millones de dólares anuales, pero que, gracias a exenciones, aporta apenas el 4% al presupuesto y emplea a menos del 1,5% de la PEA. Mientras el PIB crece, el 77,5% de los trabajadores sobrevive en la informalidad, una cifra 22 puntos superior al promedio regional. Para el establishment, mientras las reglas del juego financiero permanezcan intactas, la erosión de las instituciones y la precarización ciudadana son daños colaterales. El «Pacto Mafioso» —definido por Alberto Vergara como una «alianza para el progreso criminal»— se apoya en economías ilegales que representan el 14% del PBI, haciendo que el poder quede en manos de actores desconectados de cualquier bienestar social.
Un escenario de incertidumbre y riesgo autoritario
La amenaza para el Perú —y el espejo donde Argentina debe mirarse— ya no es solo la inestabilidad de un gobierno sin control parlamentario, sino el riesgo de una dictadura de «varias cabezas» que opera desde las sombras. El ciudadano enfrenta la posibilidad de un régimen que, al controlar el Legislativo y el sistema judicial, posee las herramientas para perpetuarse.
Si el sistema electoral y judicial no logra desprenderse de esta lógica de facciones, la democracia peruana continuará su lenta agonía en un círculo vicioso donde cada elección es un campo de batalla legal y el ciudadano es, una vez más, el gran perdedor de un modelo que prioriza los equilibrios macroeconómicos por sobre la dignidad democrática.
