La Corte Suprema exige a Santa Cruz la entrega inmediata del expediente sobre nuevos jueces.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha intimado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz a remitir en un plazo de 48 horas el expediente completo relacionado con la ampliación de su composición, que pasó de cinco a nueve jueces. Esta decisión se produce tras el rechazo de la recusación promovida por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz, lo que ha llevado al máximo tribunal a endurecer su postura y reiterar su solicitud por segunda vez.

El pedido original de la Corte se remonta al 23 de abril, cuando se solicitó el envío de todas las actuaciones sobre la constitucionalidad de la ampliación de las vacantes judiciales en la provincia. Ante la falta de respuesta del TSJ, la Corte ordenó que la documentación sea enviada «de inmediato» en formato digital, enfatizando la necesidad de recibir información detallada sobre la causa y los incidentes asociados.

Recientemente, la Corte había rechazado la recusación presentada por el gremio judicial, argumentando que el planteo fue extemporáneo y carecía de fundamentos legales suficientes para justificar el apartamiento de los magistrados. La recusación es considerada una herramienta de uso excepcional, y la Corte recordó que su aplicación debe ser restrictiva, especialmente en casos que involucran a miembros de su propia institución.

El conflicto judicial se originó tras la sanción de la ley provincial N° 253/25, que permitió la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz. Esta ley, aprobada en agosto de 2025, fue defendida por la diputada Adriana Nieto, quien argumentó que la medida tenía como objetivo mejorar la eficacia y la imparcialidad del Poder Judicial en respuesta al crecimiento poblacional.

A pesar de la justificación presentada, varios sectores políticos y gremiales han cuestionado el proceso de designación de los nuevos vocales, alegando irregularidades. En respuesta, la Asociación Gremial de Judiciales ha impulsado acciones de inconstitucionalidad contra el Poder Legislativo provincial. Con la intimación de la Corte en curso, el expediente entra en una etapa crucial, a la espera de que se remita toda la documentación necesaria.