Patagonia
La Corte Suprema tomó una demanda de Santa Cruz contra Nación por fondos del Consenso Fiscal 2017
El máximo tribunal se declaró competente en una causa por casi $600 millones.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente para intervenir en una demanda presentada por la provincia de Santa Cruz contra el Estado Nacional, por el presunto incumplimiento en el envío de compensaciones previstas en el Consenso Fiscal 2017, por un monto cercano a los 600 millones de pesos.
La acción judicial fue impulsada por el gobernador Claudio Vidal y sostiene que la Nación dejó de transferir fondos comprometidos para compensar la pérdida de recursos provinciales generada en 2018, tras modificaciones en el Impuesto a las Ganancias y en el impuesto a los créditos y débitos bancarios.
Según consta en el expediente, Santa Cruz recordó que el acuerdo fiscal establecía transferencias diarias y automáticas, con destino específico a obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda y vial, además de actualizaciones trimestrales por inflación. Ese esquema fue ratificado por la Ley 27.431, que obligaba al Estado Nacional a cumplir con las compensaciones a las provincias adheridas.
El reclamo y la cautelar rechazada
La provincia reclamó el pago de 589,3 millones de pesos, correspondientes a períodos de 2023 y a los meses de enero y febrero de 2024. En paralelo, solicitó una medida cautelar innovativa para garantizar la disponibilidad de los fondos mientras avanzaba el proceso judicial, al advertir que la falta de transferencias generaba un daño actual a las finanzas provinciales.
Sin embargo, la Corte, luego de escuchar la opinión del Procurador General, rechazó la cautelar. En su resolución, sostuvo que “los antecedentes con los que se cuenta resultan insuficientes para tener por configurados los presupuestos de admisibilidad” y que ordenar una transferencia de fondos en esa instancia “excede el marco de lo hipotético” que debe regir para este tipo de medidas excepcionales.
Avanza el proceso de fondo
Más allá del rechazo a la cautelar, el máximo tribunal dio un paso clave al ordenar correr traslado de la demanda al Estado Nacional, que deberá responder por la vía del proceso ordinario en un plazo de sesenta días.
De este modo, la Corte habilitó formalmente el tratamiento de fondo del reclamo, en un contexto de fuerte tensión entre las provincias y el Gobierno nacional por el cumplimiento de compromisos fiscales y la reducción de transferencias. La resolución abre ahora una etapa de discusión judicial que podría sentar precedente sobre las obligaciones asumidas por la Nación en el marco del Consenso Fiscal.
