Política
La Vicepresidenta pidió ser querellante en la causa que investiga a Revolución Federal
Es el expediente en el que se investigan pagos millonarios de un fideicomiso vinculado a «Caputo Hermanos».
La vicepresidenta Cristina Kirchner solicitó ser querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal. La causa se tramita en el juzgado que conduce Marcelo Martínez de Giorgi y la acusación fiscal está a cargo de Gerardo Pollicita.
Ese expediente cuenta con información aportada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, sobre manifestaciones realizadas en Twitter por dos miembros del grupo Revolución Federal en las que amenazan de muerte a la Vicepresidenta, su hijo Máximo Kirchner y el jefe de Estado Alberto Fernández.
La presentación para que la Vicepresidenta sea tenida por querellante fue realizada este lunes por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, los mismos que representan a la exmandataria en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio ejecutado por el ahora detenido Fernando André Sabag Montiel el 1° de septiembre pasado.
Los abogados que representan a la expresidenta quieren tomar contacto con el expediente para poder conocer las pruebas. No descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y aquella en la que se investiga el atentado fallido, radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
En su momento, el juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de su colega Capuchetti pero la jueza lo rechazó porque consideraba que, de momento, no habían elementos concretos para establecer una relación entre los dos expedientes. El presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, le dio la razón a Capuchetti y determinó que los casos siguieran tramitando por separado.
La causa
La AFI aportó a la justicia federal audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título «Hay que pudrirla?». La conversación aportada al expediente cuenta con la participación de dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años.
En uno de los audios se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la Vicepresidenta para hacerla «pasar a la historia», en referencia a la intención de cometer un magnicidio, algo que efectivamente se intentaría menos de una semana más tarde.
En ese expediente se detectaron una serie de pagos millonarios a Morel, referente de Revolución Federal, y a dos socias suyas por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma «Caputo Hermanos».
Los pagos de la firma que estaría vinculada a familiares del exministro de Finanzas del Gobierno de Juntos por el Cambio, Luis Caputo, alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres vinculadas a su carpintería.
Fuente: Télam.
