Política
Brutal represión en el Congreso: Gendarmería y la policía golpearon a jubilados y excombatientes de Malvinas
El operativo de las fuerzas de seguridad impidió de manera violenta una movilización pacífica.
Las inmediaciones del Congreso de la Nación volvieron a transformarse en el escenario de un violento operativo represivo contra los sectores más vulnerables: Gendarmería Nacional, junto a la Policía Federal y la de la Ciudad, desplegó un fuerte cerco de seguridad para impedir de forma injustificada el paso de una marcha de jubilados y excombatientes de la Guerra de Malvinas. El violento episodio ocurrió en plena Avenida Rivadavia, cuando las fuerzas de seguridad recurrieron a golpes de puño, empujones y gas pimienta para disolver lo que se había planificado como una movilización pacífica sorpresa.
Los testimonios directos del operativo reflejan la crudeza y desproporción de la violencia institucional ejercida por orden del Gobierno nacional. Delia, una jubilada de 72 años que participaba activamente del reclamo, relató cómo los uniformados comenzaron a golpear con saña para forzarlos a retroceder, llegando incluso a tirarla por una de las escaleras del lugar. Entre los manifestantes agredidos también se encontraba el padre Francisco «Paco» Olveira, quien recibió un fuerte golpe por la espalda que lo arrojó al suelo mientras intentaba acompañar y resguardar a los adultos mayores.
El grupo de excombatientes que sufrió la represión forma parte de la agrupación «Los 12 Apóstoles», veteranos de la guerra de 1982 que hoy acompañan activamente la lucha de los jubilados. Este sector de la sociedad civil viene movilizándose de manera ininterrumpida frente al Parlamento como respuesta directa al severo ajuste económico que desploma su calidad de vida. Los reclamos centrales giran en torno a la exigencia de una recomposición urgente de los haberes previsionales, el fin de los recortes en la cobertura de medicamentos básicos y políticas que pongan freno a la licuación de sus ingresos mensuales.
Las habituales manifestaciones de los miércoles frente al Congreso han dejado de ser reclamos exclusivos de jubilados para convertirse en un punto de encuentro de diversas organizaciones sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos que rechazan el plan de ajuste gubernamental. Sin embargo, en paralelo a la ampliación de la convocatoria, se consolidó la rigidez en la aplicación del polémico protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad. Organismos de derechos humanos volvieron a encender las alarmas frente a un patrón represivo que se repite sistemáticamente ante protestas pacíficas.
