boca de pozo
Salida para un juez que puso algo incómodo al Gobierno neuquino
Juan Manuel Kess criticó la situación carcelaria y fue algo díscolo en la causa Planes Sociales.
El juez Juan Manuel Kees está a un paso de dejar la Justicia neuquina. El Senado de la Nación convocó a una audiencia pública para el 18 de noviembre, en la que tratará el pliego que lo propone como juez del Tribunal Oral Federal de Neuquén. Del 3 al 9 de noviembre, cualquier ciudadano o institución puede presentar observaciones sobre sus «calidades y méritos».
No es un nombre cualquiera. Kees presidió el juicio por la estafa con planes sociales, rechazó la figura de asociación ilícita que reclamaba el Gobierno de Rolando Figueroa y le puso plazos al Ministerio de Seguridad, a cargo de Matíoas Nicolini, por las condiciones de los presos en las comisarías.
En los dos frentes chocó con la gestión de La Neuquinidad y fuentes informadas de Política Viral sostuvieron que a partir de alli se le generó una salvoconducto, una salida casi elegante al no haber sido tan condescendiente. El fallo de Planes Sociales finalmente fue apelado por ottro TRibunal, compuesto por Federico Sommer, Liliana Daiub y mauricipo Macagno, que dio vuelta la sentencia e incorporo los pedidos de Fiscalía de Estado.
Primero en el concurso
Kees tiene 52 años, es oriundo de Centenario y se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Comahue en 2000. Antes de llegar a la magistratura provincial ocupó cargos en el ámbito federal y ejerció la profesión de forma particular. Asumió como juez penal de la Primera Circunscripción a fines de 2023.
En el concurso de fines de 2024 para el tribunal federal quedó primero en el orden de mérito, con 151,15 puntos. Lo siguieron Verónica Pérez, con 141,5, y Martín Zanona, con 140,15. Con la audiencia todavía no está designado. Después vienen el dictamen de la comisión de Acuerdos, la votación en el recinto y el decreto del Ejecutivo nacional.
El juez de las comisarías
Su trayectoria siempre estuvo ligada a los derechos de las personas presas. Fue abogado de Zainuco, la organización que defiende a los detenidos, y en ese rol intervino en el motín de la Unidad 11 de enero de 2003.
Como juez de Garantías, el tema carcelario volvió a su despacho. En septiembre de 2024, a partir de un hábeas corpus de la Defensa Pública, le dio al Gobierno seis meses para ampliar la Comisaría Quinta de Centenario. Le advirtió que, si no lo hacía, fijaría un cupo de seis detenidos, cuando la comisaría alojaba entre 10 y 12. También ordenó resolver en 45 días el problema cloacal de la unidad.
El fallo más fuerte llegó en febrero de 2025. Ante un hábeas corpus colectivo del Ministerio Público de la Defensa, Kees calificó la detención en comisarías como «un trato cruel, inhumano y degradante».
Le prohibió al ministro de Seguridad, Matías Nicolini, alojar nuevos condenados en las comisarías de la capital desde el 4 de marzo. Además le dio plazo hasta septiembre para reubicar a los más de 80 condenados que cumplían pena en esas celdas.
«No se pueden alegar dificultades financieras», escribió. Señaló «cierta lentitud en la ejecución» de los fondos disponibles para infraestructura penitenciaria y sentenció: «No podemos aceptar que sigan ingresando condenados a las comisarías». Nicolini había sido citado a las dos audiencias y no se presentó.
La reacción fue inmediata. El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid pidió que se revisara la medida. El diputado del PRO Marcelo Bermúdez llegó a hablar de juicio político y advirtió: «Hoy los neuquinos nos levantamos más inseguros que ayer». Días después, el Tribunal de Revisión anuló la resolución porque no se había escuchado a Fiscalía de Estado, sin pronunciarse sobre el fondo del planteo.
Planes sociales: el fallo que molestó
El segundo choque fue más político. Kees presidió, junto a Luciano Hermosilla y Juan Guaita, el tribunal del juicio por la estafa con planes sociales, uno de los procesos más extensos de la historia judicial neuquina. En septiembre de 2025 el tribunal condenó a 12 imputados por administración fraudulenta, pero los absolvió por asociación ilícita con el argumento del in dubio pro reo.
Figueroa no se quedó callado. «Creo que existió una asociación ilícita y quiero que sigan investigando», dijo, e instruyó a Fiscalía de Estado para apelar, aunque aclaró que no estaba «pidiendo nada» a la Justicia. Kees respondió que la decisión estaba técnicamente fundada y que para revisarla estaban las instancias superiores. El Tribunal de Impugnación terminó incorporando la figura de asociación ilícita.
En la lectura de la sentencia, Kees también dejó una frase sobre el pasado: «Con Temux existían condiciones estructurales que favorecían la impunidad». Por esos dichos, la jueza Carina Álvarez lo denunció ante la Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia, y uno de los condenados, el abogado Alfredo Cury, pidió el jury contra los tres jueces.
¿Premio o salida?
El salto de Kees a la Justicia federal abre una pregunta en los pasillos de Tribunales. ¿Es el reconocimiento a un juez que ganó el concurso, o la salida de un magistrado que incomodó al poder político provincial? La respuesta empieza a escribirse el 18 de noviembre en el Salón Azul del Senado. Antes de esa fecha queda la semana en la que cualquiera puede objetarlo.
