Política
Diputados no trató Endeudamiento Familiar y el proyecto volvió a comisiones sin fecha de tratamiento
Tras más de 15 horas de debate, la iniciativa regresó sin fecha de tratamiento a las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor.
La Cámara de Diputados cerró una maratónica jornada legislativa de más de 15 horas sin definición en torno a la problemática financiera que asfixia a los hogares. Durante la madrugada de este jueves, el pleno aprobó la vuelta a comisiones del proyecto sobre Endeudamiento Familiar, luego de que el oficialismo constatara que no contaba con el número necesario para imponer su propio dictamen en el recinto.
La moción, impulsada a las 3:30 por la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, cosechó 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones, disponiendo que el expediente regrese a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia sin una fecha establecida para retomar su tratamiento.
El desenlace de la votación reflejó la fragmentación de la Cámara baja y las complejas negociaciones cruzadas entre las bancadas. La moción oficialista fue respaldada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, un sector de Argentina Federal y Producción y Trabajo. En contra se pronunciaron Unión por la Patria, una fracción de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, quienes pretendían rechazar en el recinto el dictamen libertario para forzar la votación del texto de minoría.
Resultó decisiva la postura de los cinco diputados de Provincias Unidas que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuya abstención facilitó la victoria numérica del oficialismo, repitiendo el comportamiento exhibido horas antes durante la votación de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La ausencia de un plazo concreto para que los cuerpos de trabajo vuelvan a reunirse desató una dura reacción de los bloques que impulsaban medidas urgentes. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, fundamentó la postura de su bancada reclamando una definición inmediata: «Hoy creemos que hay que votar, que quede claro que hay una mayoría clara que no quiere lo que propone el dictamen de mayoría y por lo tanto se abra naturalmente un tiempo de espacio de búsqueda de consensos alrededor de una propuesta alternativa donde hay otros dictámenes, entre ellos el nuestro».
En la misma línea, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro descargó un enérgico reclamo hacia el oficialismo y sus aliados por dilatar la discusión tras el emplazamiento logrado el 9 de septiembre: «A los colegas que están dispuestos a que esto vuelva a comisión sin ningún tipo de fecha cuando ustedes cerraron las comisiones les pido dar una respuesta concreta con fecha. Son unos embusteros», sentenció y advirtió sobre el riesgo de un congelamiento definitivo del tratamiento.
Los modelos en pugna: autorregulación frente a emergencia crediticia
El conflicto legislativo desnudó dos visiones contrapuestas sobre el abordaje de la crisis financiera de los hogares. Por un lado, el dictamen de mayoría de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR —bautizado como «Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores»— descartó fijar topes a las tasas o establecer refinanciaciones obligatorias, limitándose a pautas informativas.
Durante su defensa, el libertario Santiago Pauli afirmó que buscaban «un marco común de reglas tanto para los que otorgan créditos como para aquellos que acceden», mientras que Daiana Fernández Molero (PRO) alertó que regular las tasas restringiría el crédito formal para familias y trabajadores independientes.
Por otra parte, el dictamen de minoría encabezado por el peronismo, Provincias Unidas y la Coalición Cívica planteó declarar la emergencia por 180 días, estableciendo planes de pago de al menos 12 cuotas para deudores con más de 60 días de atraso y pasivos de hasta $3.265.010 (dos canastas básicas totales tipo 2), fijando un tope de cuota del 30% del ingreso y condonando el 100% de los intereses punitorios.
Durante el debate, Martín Lousteau remarcó que «el 40% de los deudores no puede pagar sus deudas» debido a la caída salarial y las altas tasas, mientras que la diputada Kelly Olmos advirtió que «más de 6 millones de argentinos han ingresado en mora» y cuestionó la respuesta oficial: «¿Y todo lo que tenemos para decirles a esos conciudadanos es vayan a estudiar finanzas?».
