Diputados dio media sanción a la nueva Ley de Discapacidad: qué dice la normativa

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por la noche y giró al Senado el proyecto de ley sobre Discapacidad impulsado por la administración de Javier Milei, tras una prolongada jornada de tratativas que forzó al oficialismo a incorporar modificaciones de último momento para destrabar la votación. La iniciativa, formalmente denominada «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad», toma como base el esquema prestacional de la Ley 27.793 pero le retira el carácter de transitoriedad al no prorrogar la Emergencia Nacional en Discapacidad que vence el próximo 31 de diciembre. 

El texto aprobado introduce una reforma de fondo sobre el artículo 9 de la Ley 13.478 y establece un nuevo régimen de asignaciones para quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La pensión no contributiva por invalidez laboral o discapacidad quedará fijada en un monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), garantizando su actualización periódica.

El titular de la pensión podrá percibirla de manera simultánea con ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia o del régimen de monotributo, siempre y cuando sus haberes no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. En los casos en que los ingresos del beneficiario excedan dicho tope, el beneficio no será cancelado de forma definitiva sino suspendido transitoriamente; de este modo, al concluir el contrato laboral o disminuir los ingresos, la persona podrá solicitar su rehabilitación inmediata.

Uno de los ejes nodales del proyecto reside en el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización estatal. A partir de la sanción definitiva de la ley, la Secretaría Nacional de Discapacidad ejecutará un sistema de auditorías permanentes mediante el cruce masivo de bases de datos entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer).

En caso de detectarse presuntas inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos, la normativa autoriza a la autoridad de aplicación a disponer la suspensión preventiva del pago previa notificación fehaciente. Para amortiguar situaciones de desamparo, el articulado reconoce de forma expresa el derecho de defensa del titular y habilita el pedido de una rehabilitación provisoria del haber mientras se sustancie el descargo formal sobre su expediente.

Prestadores médicos y beneficios patronales

En materia de cobertura médica y laboral, el proyecto ratifica la vigencia del arancel unificado y actualizado previsto en el artículo 7 bis de la Ley 24.901 para el Sistema de Prestaciones Básicas. En las negociaciones parlamentarias previas con bloques provinciales, se debatió además garantizar que quienes perciben otras asignaciones no queden marginados del beneficio y ordenar un esquema para la cancelación de deudas con los prestadores del servicio.

Asimismo, la media sanción resolvió mantener las alícuotas de contribuciones patronales reducidas contempladas en el artículo 87 de la Ley 24.013 para aquellos empleadores que incorporen de forma permanente a trabajadores con discapacidad. Como contrapartida institucional, la normativa exige que todo el personal dependiente de las entidades que integran la red de prestaciones reciba capacitaciones obligatorias en materia de derechos humanos y erradicación de conductas discriminatorias.

Pese a que La Libertad Avanza logró articular mayorías junto al PRO, sectores de la UCR y fuerzas provinciales conducidas por Oscar Herrera Ahuad tras cosechar 42 firmas en el dictamen principal, el debate en el recinto estuvo signado por las advertencias de los bloques opositores. Desde Unión por la Patria y la izquierda cuestionaron que la norma clausure la prórroga de la emergencia vigente y recalcaron que su apoyo parcial a los cambios quedó supeditado a que la Casa Rosada respete los montos destinados a discapacidad en el Presupuesto 2027. «No voy a festejar hasta que vea que el Gobierno cambie lo que prometió en el Presupuesto 2027», advirtió la diputada pampeana Varinia Marín.