boca de pozo
COMARSA y un juicio impune
El TSJ decide si le da un probation a los empresarios contaminadores de COMARSA.
Crece la preocupación entre fiscales, querellantes y organizaciones ambientales: temen que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, «expuesto a diversas presiones del poder político y económico», le otorgue la probation a los responsables de una de las mayores contaminaciones de Vaca Muerta y los libre del juicio oral.
Si esto pasa, la mayor causa ambiental de Vaca Muerta, tendrá una solución fácil para los empresarios: dos litros de leche para comedores a modo de ejemplo de lo que son las suspensiones de esos juicios. Esto de alguna manera hecha por tierra todo el trabajo del Ministerio Público Fiscal. ¿Para qué sirven seis años de investigación si un empresario puede zafar y hasta los jueces pueden otorgarle este tipo de beneficios?
Se trata del juicio por el delito de contaminación ambiental contra los dueños de COMARSA, la empresa tratadora de residuos del fracking, que está instalada en el Parque Industrial Neuquén Oeste, y que dejó un pasivo ambiental en su momento de 300 mil metros cúbicos de recortes de perforación.
Si bien el gobierno provincial, a través de la ministra Leticia Esteves, impulsó la remodelación del lugar con la empresa, hay una causa pendiente y es en el fuero penal.
Si el TSJ avala la suspensión de juicio a prueba, no habrá juicio oral, ni condena, ni pena. Tampoco se expondrán ante la sociedad las pruebas acumuladas durante seis años de investigación judicial.
A cambio, los acusados ofrecen saneamiento de residuos, una donación a un hospital público y compromisos de buena conducta —nada que se parezca a una condena penal.
La decisión está en manos de la Sala Penal del TSJ, integrada por Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari, con plazo hasta el 5 de noviembre. Deben resolver el pedido de probation presentado por el dueño de Comarsa, Juan Manuel Luis, y los ex directivos Héctor Basilotta y Federico Ponce.

El jue Elosu Larumbe, vocal del TSJ de la SAla Penal junto a María Soledad Gennari.

La causa se abrió en 2020 por una denuncia de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Investiga la acumulación sin tratamiento de más de 300.000 m³ de residuos peligrosos del fracking en instalaciones ubicadas en el Parque Industrial Neuquén Oeste. Los desechos llegaron de pozos no convencionales de YPF, PAE, Shell, ExxonMobil, Tecpetrol, Pampa Energía, Vista Energía y Pluspetrol. Ante los tribunales, la única responsable es Comarsa.
Un vaivén judicial de seis años
En marzo, el juez de garantías Lucas Yancarelli había hecho lugar a la probation. En abril, un tribunal de impugnación revocó esa resolución por mayoría, tras la apelación del fiscal Maximiliano Breide Obeid, la AAAA y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén.
El 18 de agosto, el juez Juan Manuel Kees rechazó el sobreseimiento y ordenó elevar la causa a juicio oral.
Ahora todo queda supeditado a lo que resuelva el TSJ.
Hasta la Iglesia se metió en la disputa
El obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, cuestionó públicamente la posibilidad de un «atajo» judicial que —advirtió— «diluye las responsabilidades» y deja «una profunda herida» en las comunidades afectadas.






