Política
Casi el 70% de los argentinos cree que el Gobierno debe intervenir para ayudar a las familias endeudadas
La población reclama asistencia oficial ante las deudas por alimentos y servicios.
Una reciente encuesta de opinión pública reveló que cerca del 70% de la sociedad considera que el Estado nacional tiene que brindar asistencia económica a los hogares endeudados. El relevamiento expone la dimensión de la crisis de ingresos que atraviesa el país, donde más de la mitad de la población recurrió a mecanismos de financiamiento para cubrir consumos esenciales de la canasta básica y pagar servicios públicos.
El estudio muestra una marcada degradación de las condiciones materiales de vida cotidianas, al registrar que un 53% de los encuestados debió tomar préstamos o financiar compras en los últimos meses. Lejos de destinarse a bienes durables o proyectos de inversión, el financiamiento se concentró de manera predominante en la compra de alimentos, que representó el 39% del destino de esos fondos, seguido por el pago de servicios públicos de luz, gas y telefonía con el 18%, la cancelación de deudas previas con el 16% y el abono de alquileres o expensas con el 7%.
Deudas para comer y pagar servicios básicos
La falta de margen financiero golpea a la mayor parte del tejido social: el 28% de los consultados declaró que directamente no llega a fin de mes, un 23% enfrenta muchas dificultades para cubrir sus gastos y un 21% llega con lo justo. En ese marco, el 58% de las personas afirmó que su situación socioeconómica personal empeoró notablemente desde el inicio de la gestión presidencial de Javier Milei.
El informe también midió el clima social y las valoraciones sobre la administración libertaria. La gran mayoría de los consultados manifestó una mirada crítica sobre la dirección general de la política económica, marcando un distanciamiento con las prioridades de ajuste y desregulación del Poder Ejecutivo frente a las dificultades cotidianas de la población.
A este escenario se suma una creciente preocupación por la transparencia en la gestión pública. El 48% de los participantes sostuvo que la corrupción en el gobierno actual es mayor a la de administraciones anteriores, mientras que un 31% consideró que existe aunque en menor medida, dejando apenas a un 7% del universo encuestado con la percepción de que no se registran irregularidades en el Estado.
