boca de pozo
El mapa judicial de la AFA
Entre fake news y el freno judicial a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), la cúpula de la AFA enfrenta una embestida mediática y un complejo entramado de causas penales y tributarias que investigan opacidad financiera y maniobras millonarias.
Una insólita noticia falsa sacudió recientemente el panorama mediático nacional. Varios medios y periodistas difundieron con velocidad la versión de que el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino habían sido retenidos por el FBI en el aeropuerto de Nueva York, con incautación de teléfonos y una citación como acusados ante la justicia norteamericana. Todo resultó ser falso.
La casa madre del fútbol argentino desmintió categóricamente la versión a través de un comunicado oficial, aclarando que no existió ninguna medida contra sus directivos. En rigor, la citación en Norteamérica correspondía a un litigio entre privados por derechos comerciales. Sin embargo, la rápida viralización del rumor expuso una estrategia clara: instrumentalizar mediáticamente cualquier grieta judicial para desgastar a la cúpula directiva en medio de una cruzada política mayor.
El escenario de fondo: La guerra por las SAD y el revés judicial de la Casa Rosada
La intensificación de este choque mediático no ocurre en el vacío. Se da en el marco de la embestida del Gobierno Nacional para forzar la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino, una iniciativa impulsada como bandera de gestión que busca abrir las puertas de los clubes al capital privado.
En esta disputa estructural, la AFA logró propinarle un revés decisivo al Poder Ejecutivo en los tribunales. La Cámara Federal de San Martín (Sala I) suspendió los efectos de los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 70/2023 y del Decreto Reglamentario 730/2024 que pretendían habilitar el ingreso de sociedades anónimas y obligar a las federaciones a afiliarlas. De esta manera, la Justicia frenó el intento oficialista argumentando que la medida vulneraba la autonomía de las asociaciones civiles sin fines de lucro y que no existía una urgencia real para alterar por decreto el estatuto tradicional del deporte nacional.
Bloqueada la vía del DNU en la Justicia federal, la contienda se desplazó hacia el terreno de los negocios comerciales y el fuero penal, donde los adversarios del modelo asociativo encontraron en los contratos de la AFA su principal frente de ataque.
De la ruptura comercial a las causas en Estados Unidos: El factor Tofoni y Faroni
El primer gran detonante de la tormenta judicial fue la renegociación de los activos comerciales de la Selección Argentina tras la obtención del Mundial de Qatar. Durante más de quince años, el agente FIFA Guillermo Tofoni (titular de World Eleven) manejó de forma exclusiva los partidos amistosos y marcas del seleccionado. Al asumir la conducción, Tapia decidió rescindir ese contrato argumentando que el esquema histórico dejaba hasta un 70% de las ganancias en manos de intermediarios, dejando a la AFA apenas una porción menor de sus propios recursos.
Al verse desplazado del negocio millonario y respaldado conceptualmente por el proyecto privatizador de las SAD, Tofoni desató una ofensiva dual: denunció a la cúpula directiva en la Argentina por defraudación y solicitó una medida de prueba (discovery) en Estados Unidos para rastrear cuentas bancarias. Fue precisamente una citación a Tofoni como testigo en ese fuero civil de Georgia la que fue recortada y difundida falsamente como si fuera una persecución del FBI contra Tapia.
Sin embargo, la maniobra chocó con un freno procesal: el juez federal estadounidense Clay D. Land emitió una orden de protección en favor de Tourprodenter LLC (la firma que asumió la comercialización con la llegada del empresario Javier Faroni y su esposa Érica Gillette) y apercibió a Tofoni por haber violado la confidencialidad al entregar documentos bancarios privados a la prensa y presentarlos en causas penales argentinas.
Desde la conducción de la AFA defienden este cambio de modelo asegurando que hoy la institución retiene el 70% de la facturación global de la Selección. Pero la irrupción de la firma de Faroni y Gillette abrió una brecha que la Justicia penal no tardó en explorar.
El mapa de las causas: Los cuatro frentes que asedian a la conducción de la AFA
La neutralización de las fake news y el freno a las SAD no significan que la dirigencia esté exenta de problemas legales. Por el contrario, la conducción del fútbol argentino enfrenta un entramado de investigaciones que avanzan en simultáneo en la Capital Federal y en distintas provincias, abordando desde impuestos impagos hasta giros millonarios al exterior:
El frente fiscal de $19.000 millones y la respuesta del fútbol.
El foco de mayor presión estatal proviene de la denuncia interpuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo acusa a la AFA de descontar Ganancias y aportes patronales a sus empleados y clubes por un monto superior a los $19.000 millones entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, pero no ingresarlos a las arcas públicas. Por este hecho, el juez Diego Amarante procesó a Tapia y Toviggino.
Lejos de retroceder, la AFA respondió utilizando el peso político del fútbol: el Comité Ejecutivo convocó a un paro total de actividades que paralizó la fecha 9 del Torneo Apertura en marzo de 2026, haciendo coincidir la medida de fuerza con los días en que sus dirigentes debían declarar. La dirigencia denunció que la causa impositiva es «una persecución política conducida para asfixiar financieramente a las asociaciones civiles y forzar el ingreso de las SAD».
La ruta del dinero en Florida
Mientras en la Argentina se debate la cuestión impositiva, en el fuero Penal Federal de la Capital Federal el fiscal Diego Velasco investiga el recorrido de más de US$ 260 millones recaudados por la firma TourProdEnter LLC en Estados Unidos —la sociedad que asumió los derechos comerciales de la Selección tras el desplazamiento de Tofoni—. La justicia detectó el desvío de US$ 42 millones hacia cuatro sociedades offshore registradas en Florida a nombre de personas de escasos recursos residentes en Bariloche, quienes actuaban como presuntos prestanombres.
A este circuito se suman las revelaciones sobre millonarios gastos suntuarios en dólares ejecutados a través de las tarjetas y cuentas de la firma. La investigación pone la lupa sobre Érica Gillette, esposa del empresario Javier Faroni y titular directa en el entramado de TourProdEnter LLC. Bajo el escrutinio judicial por presunto lavado de activos, figuran consumos personales y de representación que incluyen contratos de vuelos en aviones privados por más de US$ 13,5 millones, alquiler de yates de alta gama en Ibiza, estadías en hoteles de lujo y tratamientos de estética personal en Miami, todos solventados con fondos provenientes de la comercialización de los activos del seleccionado nacional.
El circuito financiero: Sur Finanzas y el dólar oficial.
En el Conurbano bonaerense y en los tribunales federales porteños se ramifican dos causas paralelas sobre el entorno financiero de la entidad. Por un lado, la Justicia y la PROCELAC investigan a Sur Finanzas —la firma fintech y financiera que se convirtió en sponsor oficial de la AFA y principal prestamista de varios clubes— por presunto lavado de dinero por $880.000 millones mediante el uso de billeteras virtuales y facturación apócrifa. En paralelo, se investiga si empresas vinculadas a la conducción del fútbol accedieron a divisas a cotización oficial durante la vigencia del cepo cambiario para obtener millonarias diferencias en el mercado informal.
La causa patrimonial en Santiago del Estero
En esta causa penal, la Justicia Federal investiga a Pablo Toviggino por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y presunta evasión fiscal, a raíz de denuncias que señalan un incremento patrimonial no justificado y desproporcionado respecto de sus ingresos declarados como directivo del fútbol. La investigación busca reconstruir la ruta de los fondos, el entramado de propiedades e inmuebles adquiridos mediante presuntos testaferros, y el financiamiento de una costosa logística personal que incluye la contratación sistemática de vuelos privados de alta gama para traslados nacionales e internacionales.
La tramitación de esta causa en los tribunales federales de Santiago del Estero responde a una razón de competencia territorial: la provincia es la cuna dirigencial, la base de operaciones y el domicilio legal de Toviggino. Fue allí donde inició su carrera en la Liga Santiagueña de Fútbol antes de asumir la tesorería de la AFA, y es en ese territorio donde se concentran sus principales sociedades, activos familiares y bienes bajo sospecha.
La estrategia del «ping-pong»: Por qué los expedientes quedan en la nada
Pese a la gravedad de las cifras y los frentes abiertos, la pregunta de por qué ninguna de estas investigaciones llega a la instancia de un juicio oral se responde con una maniobra procesal recurrente: la disputa de competencia territorial.
A través de planteos defensivos, los abogados de la AFA han buscado sistemáticamente correr a los jueces de instrucción porteños y concentrar los expedientes más voluminosos en el Juzgado Federal de Campana. La resistencia de la Cámara en lo Penal Económico a ceder los casos generó un ida y vuelta de apelaciones en la Cámara de Casación que mantiene paralizadas las causas principales. En la práctica, la batalla no se libra discutiendo las pruebas sino definiendo qué juez firma la causa, logrando un empantanamiento procesal que posterga de forma indefinida cualquier definición sobre el fondo de los delitos investigados.
El entramado alrededor de la AFA demuestra que la delgada línea entre la investigación judicial y la operación política es casi inexistente. Mientras las fake news internacionales sirven como pirotecnia mediática para erosionar la figura de Claudio «Chiqui» Tapia, el verdadero choque de trenes se resuelve en dos tableros paralelos: en el fuero federal, donde la conducción del fútbol argentino logró congelar el desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas mediante cautelares; y en los juzgados penales y tributarios, donde la justicia busca determinar si la retórica en defensa del «modelo asociativo sin fines de lucro» esconde, en realidad, un millonario esquema de opacidad financiera.
