Política
El Gobierno privatizó la Hidrovía y otorgó la concesión por 25 años al consorcio Jan De Nul-Servimagnus
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación cerró la licitación de la Vía Navegable Troncal, la principal ruta de exportación del país.
El Gobierno nacional formalizó el cierre de uno de los procesos licitatorios clave de su gestión económica al adjudicar la Vía Navegable Troncal (VNT) al consorcio integrado por la firma belga Jan De Nul N.V. y la local Servimagnus S.A. A través de la Resolución 2026-36 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), se dio por terminada la etapa de administración estatal directa de la ruta fluvial más importante del país. Las empresas adjudicatarias asumirán de forma inmediata la operación, el mantenimiento y la modernización del sistema portuario y de navegación, con un contrato que se extenderá por el próximo cuarto de siglo.
La reactivación del esquema privado sobre esta traza, por donde circula aproximadamente el 80% del comercio exterior argentino, se selló luego de sortear los dictámenes técnicos sin recibir ninguna impugnación por parte de las demás empresas oferentes. Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que el trámite administrativo cumplió con estándares internacionales de transparencia, sumando el monitoreo directo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Con la firma definitiva del acuerdo prevista para los próximos treinta días, el Estado nacional abandonará las tareas operativas operando únicamente como el ente regulador y supervisor del consorcio.
Las proyecciones del Ministerio de Economía anticipan que el nuevo esquema tarifario y de dragado generará una baja inicial del 13,5% en los costos logísticos globales que afrontan los exportadores. El plan de obras acordado incluye tareas urgentes de profundización del canal navegable para garantizar que los buques de gran calado puedan completar su carga directamente en las terminales de origen sin necesidad de recaladas intermedias. Asimismo, el contrato estipula la incorporación de tecnologías de monitoreo digital destinadas a agilizar el tráfico y dotar de mayores herramientas de control a las fuerzas federales en la lucha contra el narcotráfico en el Paraná.
El desenlace de la licitación cosechó un respaldo unánime tanto del sector corporativo agroexportador como de los mandatarios del litoral argentino. Entidades clave como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la cámara de aceiteros (CIARA-CEC) convalidaron los pliegos técnicos apuntando a la recuperación de la competitividad internacional del país. Paralelamente, los gobiernos provinciales de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa acompañaron de manera unánime el decreto adjudicatorio, cerrando filas detrás de un proyecto considerado neurálgico para el desarrollo de las economías regionales.
