Política
El Gobierno define la concesión de AySA entre dos grupos empresarios en medio de denuncias por «oscurantismo»
La oposició advierte sobre la falta de transparencia en los pliegos y el riesgo de fuertes tarifazos para los usuarios del AMBA.
El Gobierno nacional formalizó los tramos finales del proceso licitatorio para otorgar la concesión integral de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y redujo la disputa a dos importantes grupos empresarios que presentaron sus propuestas técnicas y financieras ante los organismos de control. La iniciativa, enmarcada en las facultades extraordinarias y las reformas estructurales habilitadas por la legislación oficial, busca desvincular al Estado nacional del financiamiento operativo y las obras de infraestructura de la red sanitaria.
La recta decisiva de la licitación quedó acotada a dos conglomerados corporativos de capitales mixtos —con experiencia en servicios públicos y concesiones de obra civil— que cumplieron los requisitos fijados en el pliego de bases y condiciones elaborado por el Palacio de Hacienda y la Secretaría de Empresas Públicas.
Los grupos que continúan en competencia son el encabezado por Rowing S.A., junto a Transclor, la brasileña Arcos Saneamento e Participações y el fondo PHX Aqua AR B.V.; y el integrado por Roggio ROAS, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.
El esquema contractual proyecta un contrato de concesión por un plazo extenso que obligará al operador adjudicatario a asumir la totalidad de los costos de operación, mantenimiento de plantas potabilizadoras y tratamiento de efluentes cloacales. Entre las cláusulas bajo análisis se debate el volumen de inversión obligatoria para extender las redes secundarias hacia barriadas del conurbano bonaerense que aún carecen de cobertura formal.
Desde la óptica de Casa Rosada, desprenderse de AySA permitirá consolidar el sendero de superávit al suprimir transferencias millonarias del Tesoro nacional que solían cubrir los desfasajes entre costos e ingresos.
Falta de transparencia y blindaje informativo
El avance unilateral del proceso despertó un enérgico rechazo en las bancadas opositoras del Congreso de la Nación y en las legislaturas locales, donde denunciaron maniobras de «oscurantismo» en la confección de los pliegos licitatorios. Dirigentes parlamentarios y especialistas del sector alertaron que el trámite administrativo se desenvolvió sin la debida publicidad de los anexos técnicos, eludiendo la convocatoria a audiencias públicas informativas para detallar los balances de la compañía, el pasivo contingente y los términos exactos de la transferencia patrimonial.
Asimismo, legisladores del peronismo y de fuerzas de izquierda cuestionaron que la privatización avance sin dar participación a los municipios del Gran Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires, jurisdicciones que integran el directorio histórico de la compañía y que se verán directamente condicionadas por la calidad y continuidad de las prestaciones.
En el frente laboral, el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) y las organizaciones gremiales del sector sanitario se declararon en estado de alerta permanente ante la inminencia del desenlace. Los representantes sindicales manifestaron su inquietud por la estabilidad de los puestos de trabajo en las cuadrillas de calle y el personal técnico calificado. Además, señalaron que los planes de racionalización asociados a la privatización amenazan con reducir planteles indispensables para atender emergencias en la red.
En paralelo, asociaciones de usuarios y consumidores alertaron que el traspaso al sector privado derivará en un incremento exponencial de las boletas residenciales y comerciales. Bajo la premisa de garantizar la rentabilidad operativa del futuro concesionario sin subsidios estatales, el nuevo marco regulatorio habilitará mecanismos de indexación automática de tarifas que recaerán con dureza sobre los ingresos de los hogares del conurbano.
