Neuquén
Buchiniz propone una reforma del sistema penitenciario en Neuquén
La Legislatura provincial empezó a discutir dos iniciativas que apuntan a cambiar el funcionamiento de las cárceles. Buscan sumar inversión privada y establecer nuevas reglas internas para detenidos en medio de un sistema bajo presión.
Hacinamiento, infraestructura deteriorada y comisarías que funcionan como cárceles improvisadas. Ese es el diagnóstico que llevó a la diputada provincial Brenda Buchiniz (bloque Cumplir) a presentar dos proyectos de ley que buscan meterle mano al sistema penitenciario de Neuquén. Las iniciativas plantean dos cosas concretas: abrir la puerta a la gestión privada de establecimientos penitenciarios y obligar a los detenidos a usar uniformes reglamentarios.
La legisladora no se anduvo con rodeos: «El sistema penitenciario no da respuestas», dijo al presentar las iniciativas. Y desde ese diagnóstico construyó dos propuestas que, aunque distintas en su alcance, apuntan en la misma dirección: más orden, más eficiencia y mejores condiciones para quienes están privados de la libertad. Los proyectos llevan los números 18250 y 18251, y contaron con el acompañamiento del diputado Marcelo Bermúdez (PRO–NCN).
¿Cárceles privadas en Neuquén?
El primero de los proyectos habilita la participación del sector privado en el diseño, financiamiento, construcción, mantenimiento y operación de cárceles. Pero con un límite claro: el Estado no resigna lo que no puede resignar. El uso de la fuerza, la definición de la política penitenciaria y el control del sistema seguirían en manos públicas. Lo que se terciarizaría es la gestión operativa y la inversión en infraestructura.
El esquema también contempla que los pagos a los privados estén atados a resultados concretos: calidad del servicio prestado, tasas de reincidencia y acceso de los internos a salud, educación y capacitación laboral. En otras palabras, si no funciona, no cobran igual. Se suman mecanismos de auditoría pública para que el control no quede solo en el papel.
Uniformes: orden y también trabajo
El segundo proyecto va por otro lado pero apunta al mismo objetivo general: más control y mejor funcionamiento del sistema. Establece que todos los internos alojados en unidades penitenciarias, alcaidías y centros de detención transitoria de la provincia deberán usar uniformes reglamentarios, incluso durante los traslados fuera de los establecimientos.
Más allá del aspecto de seguridad, la propuesta tiene un componente que no es menor: se prevé que los propios uniformes sean confeccionados dentro de los establecimientos, como parte de programas de capacitación laboral para los detenidos. Es decir, la medida no busca solo identificar a los internos sino también darles una actividad concreta con una salida posible.
