Política
El ajuste fiscal de Milei golpea a las universidades: recortes, fondos retenidos y alerta por el Presupuesto 2026
En noviembre el Gobierno frenó transferencias a las casas de estudio nacionales y profundizó el ajuste.
El Gobierno nacional dejó de transferir fondos a las universidades nacionales durante noviembre y apenas giró 18.000 millones de pesos para cubrir gastos corrientes impostergables. La decisión se enmarca en una política de ajuste sostenido que, según fuentes del sector educativo, tuvo como objetivo mejorar artificialmente los resultados fiscales para mostrar un superávit mayor al efectivamente alcanzado.
El recorte no es aislado. A lo largo del año, las universidades recibieron un 8,4% menos de fondos que en igual período de 2024 y apenas el 25% de los recursos que percibían en 2023, antes de la asunción de Javier Milei. En términos del Producto Bruto Interno, las transferencias para financiar el sistema universitario promediaron el 0,70% entre 2015 y 2023, pero cayeron abruptamente con el cambio de gobierno: 0,52% del PBI el año pasado y apenas 0,46% en lo que va de este año.
El impacto del ajuste quedó reflejado en los números oficiales difundidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó que el Sector Público Nacional registró un superávit primario de 2,1 billones de pesos y un superávit financiero de 599.900 millones tras el pago de intereses de la deuda. Sin embargo, esos resultados se explican en buena medida por el recorte en áreas sensibles como educación y por la fuerte reducción de transferencias a las provincias, que en noviembre totalizaron solo 37.500 millones de pesos, la mitad de lo girado en octubre.
La estrategia del Ejecutivo también generó controversia en el Congreso. El proyecto de Presupuesto 2026 incluía en su capítulo 11 una cláusula que pone en tensión leyes ya sancionadas: el artículo 75 propone derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, mientras que el artículo 78 prorroga la Emergencia Sanitaria Nacional hasta fines de 2026. La Cámara solo podía votar el capítulo completo y no los artículos por separado, lo que fue considerado como un movimiento extorsivo.
El capítulo XI, que incluía el controvertido artículo 75, fue rechazado en la votación en particular por 123 votos negativos, 117 positivos y dos abstenciones. Su caída fue celebrada con euforia por toda la oposición, ya que concentraba una serie de modificaciones sensibles que el oficialismo incorporó a último momento y “por la ventana”, según denunciaron distintos bloques.
Dentro de ese capítulo también quedaron sin efecto otras medidas impulsadas por el Gobierno, como la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y las Asignaciones Familiares.
