Internacionales
El Sahel se desliga de la Corte Penal Internacional
Burkina Faso, Malí y Níger se retiran de la Corte Penal Internacional acusándola de neocolonialista. Los países del Sahel, que conforman una nueva alianza, buscan una justicia propia y se alejan de las instituciones occidentales.
En un movimiento geopolítico audaz que resuena en los pasillos de las instituciones globales, los gobiernos de Malí, Burkina Faso y Níger han anunciado su inmediata retirada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta decisión, comunicada de forma conjunta por los tres países que conforman la Alianza de Estados del Sahel (AES), no es un mero trámite burocrático, sino una declaración de principios que marca un antes y un después en su relación con el orden mundial.
Pero, ¿qué es exactamente la Corte Penal Internacional y por qué su ruptura genera tanta tensión?
Fundada en 2002, la CPI es un tribunal de justicia internacional con la misión de perseguir a los autores de los crímenes más graves del mundo: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cuando los países no tienen la voluntad o la capacidad de hacerlo por sí mismos. Hasta ahora, contaba con 125 miembros, pero su autoridad no es universal: potencias como Estados Unidos, Rusia, China e Israel no forman parte de ella.
La declaración conjunta es contundente y acusa a la CPI de haberse convertido en un «instrumento neocolonial de represión en manos del imperialismo» y de ser un «símbolo global de una justicia selectiva».
Esta acusación no es nueva; en una reunión de ministros de Justicia de la AES en Niamey, se reprochó a la Corte su sesgo hacia los líderes africanos, señalando que «está exclusivamente orientado hacia los países africanos y sus dirigentes» y que no se interesa por investigar crímenes en países occidentales. Este sentimiento se ha visto alimentado por la percepción de que la CPI se centra principalmente en procesar a figuras del continente africano.
Un nuevo orden en el Sahel: Soberanía y autogestión de la justicia
La decisión de abandonar la CPI se enmarca en un proceso más amplio de reestructuración política y militar en la región. Tras una serie de golpes de Estado que han llevado al poder a juntas militares, los tres países han priorizado el fortalecimiento de su soberanía y la construcción de un nuevo modelo de cooperación.
La creación de la Alianza de Estados del Sahel (AES) en septiembre de 2023 es el pilar de esta estrategia, que busca unificar sus fuerzas para enfrentar los desafíos de seguridad y desarrollo de forma autónoma. El pacto se creó inicialmente como defensa mutua en medio de la crisis nigerina de 2023, donde la CEDEAO amenazó con una intervención militar.
Como parte de esta visión, los líderes de la AES han anunciado su intención de crear una «Corte Penal Saheliana» y una «prisión de alta seguridad». Este paso simboliza su determinación de gestionar la justicia dentro de sus fronteras, alejándose de una dependencia de tribunales internacionales que consideran sesgados. Si bien esta medida es vista por sus gobiernos como un acto de autoconfianza y soberanía, también ha generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos. El exministro de Justicia maliense Mamadou Ismaila Konaté se ha preguntado públicamente quién juzgará los crímenes graves si no lo hace la CPI, advirtiendo sobre el riesgo de impunidad.
El caso de Malí es particularmente relevante, ya que la CPI había abierto en 2012 una investigación sobre crímenes de guerra cometidos por grupos armados en el norte del país. La Corte también condenó a 10 años de cárcel al yihadista maliense Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed en 2024 y emitió una orden de arresto contra el líder yihadista Iyad Ag Ghaly.
La retirada de la CPI se produce pocos días después de que Malí presentara una denuncia contra Argelia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la destrucción de un dron de reconocimiento, evidenciando un complejo entramado de conflictos y jurisdicciones en la región.
Cambios en las alianzas y un futuro incierto
El distanciamiento del Sahel de instituciones occidentales ha coincidido con un visible acercamiento a otros socios, especialmente a Rusia. Los tres países, que ya se retiraron de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), han fortalecido sus lazos militares y de cooperación con Moscú. Este cambio en el mapa geopolítico es un claro indicio de que la región ya no está dispuesta a ser un peón en el ajedrez global y que busca forjar su propio camino, con sus propios socios y sus propias reglas.
La retirada del Estatuto de Roma es, por lo tanto, mucho más que una simple medida legal. Es un acto de desafío a un orden internacional que los países africanos perciben como injusto. La pregunta que queda por responder es si este camino, libre de la tutela occidental, conducirá a una mayor paz y justicia para la región o si, por el contrario, dejará a los ciudadanos más vulnerables a la represión y la impunidad.
