Potenciar Trabajo: el ruido del cobro indebido de planes llegó a Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa se pondrá a disposición de la investigación judicial que lleva adelante el fiscal federal Guillermo Marijuan que detectó que 8.535 empleados públicos cobraban el programa Potenciar Trabajo en el país, algo que es incompatible.

De las 23 provincias a las que se les solicitó información, sólo 10 respondieron y Neuquén no estaba dentro de ese listado. Pero en la tarde del miércoles 27 de diciembre, el gobierno provincial sostuvo que aportará los datos del padrón.

Para ello tendrá que cruzar datos de los beneficiarios del programa en Neuquén, que está bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social de Nación, con empleados públicos.

El fiscal  federal Guillermo Marijuan detectó más de 8500 estatales en el país que cobraban el plan de manera indebida.

La investigación sobre los cobros indebidos se extiende por todo el país y en Río Negro ya se detectaron 198 casos de empleados que cobraban ese beneficio.

De fondo hay otra trama: cómo es la maniobra administrativas de alta y bajas a los programas, ya que en algunos casos, según fuentes consultadas por Política Viral, hay una complejidad en ese trámite en el estado, sobre todo después de la pandemia.

Rolando Figueroa y la «ola de transparencia»

Rolando Figueroa se subió a la ola de la transparencia y pisó fuerte en el tema de la reestructuración del estado neuquino, para achicar la planta política, revisar plantas permanentes y detectar a empleados “ñoquis” que no cumplen horarios. Y esta nueva ola de revisiones, va más allá del legal y moral, sino que tiene sustento en las magras cuentas que hay en la provincia y en los municipios.

Para el fiscal, las maniobras en las que incurrieron los agentes que cobraron planes podrían encuadrar en el delito de defraudación contra la administración pública. Pero aún se habla de presunciones y así será hasta que la causa judicial avance.

Las investigaciones pueden escalar hasta los funcionarios (por acción u omisión) y, en lo administrativo, el fraude puede ser causal de cesantía. Figueroa ya ha dicho que, además de la sanción que corresponda, se iniciarán acciones para que aquellos que perpetraron las maniobras ilícitas devuelvan el dinero mal habido.