boca de pozo
COMARSA: el TSJ reabrió la puerta para que los imputados eviten el juicio oral
Con tres votos distintos, el TSJ dejó abierta la salida que temían los ambientalistas
La mayor causa ambiental de Vaca Muerta volvió a un punto que fiscales, querellantes y organizaciones ambientalistas creían superado. La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hizo lugar parcialmente a los recursos de las defensas de COMARSA y dejó sin efecto el rechazo definitivo de la suspensión del juicio a prueba.
Ahora, otro juez de Garantías deberá decidir si los imputados acceden o no a la probation.
En este caso hay un llamativo silencio por parte del gobierno, más allá de que no se «exprese en temas judiciales». Están el secretario de Ambiente y Recursos Naturales de la provincia de Neuquén, Hipólito Salvatori, y el subsecretario de Cambio Climático, Santiago Nogueira.
El fallo no otorga el beneficio, pero tampoco lo descarta. Y en una causa que lleva seis años de investigación, eso alcanza para que la salida sin juicio oral vuelva a estar sobre la mesa.
En abril, el Tribunal de Impugnación había tomado tres decisiones: admitió los recursos de la fiscalía y las querellas, revocó la probation que había concedido el juez Lucas Yancarelli y, en lugar de devolver el caso, denegó directamente el beneficio y mandó avanzar hacia el control de la acusación.
El TSJ confirmó las dos primeras y tumbó la tercera. Es decir: la probation de Yancarelli sigue anulada, pero el rechazo definitivo también cae. El pedido vuelve a quedar abierto y se discutirá en una nueva audiencia, ante un juez distinto, que deberá evaluar la situación de cada imputado por separado.
Quiénes están en la mira
Los imputados son el dueño de COMARSA, Juan Manuel Luis, y los exdirectivos Héctor Emilio Basilotta y Federico Augusto Ponce. El 19 de marzo, Yancarelli les había concedido la suspensión del juicio a prueba por tres años a los dos primeros y por dos años a Ponce, pese a la oposición del fiscal Maximiliano Breide Obeid.
A cambio de evitar el juicio, los acusados habían ofrecido saneamiento de residuos, una donación a un hospital público y compromisos de buena conducta. Nada que se parezca a una condena penal.
Un voto quería cerrar el tema a favor de las defensas
El fallo llegó con tres fundamentos distintos. El vocal Alfredo Elosu Larumbe fue el más lejos: sostuvo que los acusadores ni siquiera podían recurrir la concesión de la probation, que el Tribunal de Impugnación no debió admitir esos recursos y que había que mantener lo que resolvió Yancarelli. En los hechos, su voto dejaba a los imputados con el beneficio firme.
La vocal María Soledad Gennari se paró en otro lugar. Entendió que la probation sí puede impugnarse, porque por sus efectos se equipara a una sentencia definitiva, y avaló el control que hizo el Tribunal de Impugnación sobre un juez que no había analizado los argumentos de la fiscalía.
Pero propuso dejar sin efecto la denegatoria por un hecho nuevo: el sobreseimiento firme de los tres imputados por administración fraudulenta. A su criterio, ese cambio en la acusación puede influir en una eventual pena y ya no puede descartarse de antemano una condena de ejecución condicional. Si se concede, advirtió, las reglas de conducta deberán ser claras, concretas y completas, con un plan de implementación y un método para controlar su cumplimiento.
Mazieres desempató con argumentos propios
El vocal Gustavo Mazieres definió la cuestión. Coincidió en que la fiscalía y las querellas podían recurrir en este caso, porque la resolución de Yancarelli se apoyó esencialmente en la voluntad del juez, no se pronunció sobre cuestiones relevantes y dejó sin definir aspectos fundamentales de las reglas de conducta. Aclaró, eso sí, que no se trata de reconocer a los acusadores una facultad general para recurrir.
También acompañó la revocación del rechazo, en línea con la disidencia del juez del Tribunal de Impugnación Richard Trincheri: faltaba información para que ese tribunal resolviera el fondo por sí mismo.
Distinguió entre rechazar la probation tal como se otorgó y decir que no puede concederse bajo ninguna circunstancia. Señaló que en la audiencia de impugnación no se discutieron a fondo las reglas de conducta, la posible pena ni las razones de política criminal de la fiscalía.
Y dejó una señal sobre lo que viene: recordó que la Constitución Nacional establece que el daño ambiental genera «prioritariamente la obligación de recomponer», y mencionó la instrucción del Fiscal General sobre gestión restaurativa de conflictos ambientales.
La causa que sigue en pie
Mientras el expediente estaba en el TSJ, la causa avanzó. En agosto, en la audiencia de control de la acusación, el juez de Garantías Juan Manuel Kees sobreseyó a los tres imputados por administración fraudulenta y dispuso la apertura a juicio por la imputación que subsiste: la infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
La causa se abrió en 2020 por una denuncia de abogados ambientalistas. Investiga la acumulación sin tratamiento de más de 300.000 metros cúbicos de recortes de perforación del fracking en el predio de COMARSA, en el Parque Industrial Neuquén Oeste.
Los residuos llegaron de pozos no convencionales de YPF, PAE, Shell, ExxonMobil, Tecpetrol, Pampa Energía, Vista y Pluspetrol. Ante los tribunales, sin embargo, la única responsable es COMARSA.
Las querellas son la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) y la Asociación de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAAPA).
La suspensión del juicio a prueba permite, bajo ciertas condiciones, frenar el proceso a cambio de que el imputado cumpla reglas de conducta durante un plazo. Si las cumple, la acción penal se extingue. Sin juicio oral no hay condena ni pena, y las pruebas reunidas durante seis años nunca se exponen públicamente.
Por eso la causa excedió lo judicial. El obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, ya había cuestionado la posibilidad de un «atajo» que, advirtió, diluye responsabilidades y deja una profunda herida en las comunidades afectadas. En paralelo, el gobierno provincial, a través de la ministra Leticia Esteves, impulsó con la empresa la remediación del predio. Pero el expediente penal sigue pendiente.
La próxima audiencia definirá si la mayor causa ambiental de Vaca Muerta llega a juicio oral o termina con reglas de conducta.
