Weretilneck acuerda un fondo de compensación transitoria con municipios y comisiones de fomento rionegrinas

En el Salón Gris de la Casa de Gobierno, el gobernador Alberto Weretilneck firmó convenios de Compensación Financiera Transitoria con 14 intendentes, 12 comisionados de fomento y la jefa comunal de San Javier, por un aporte anual de 12.347 millones de pesos para municipios y 426,33 millones para comisiones, destinado a servicios públicos, obras de infraestructura y bienes de capital. La norma que respalda el esquema será debatida en plenario de comisiones este martes y se prevé su aprobación en la sesión legislativa del jueves, otorgando un marco legal de previsibilidad al nuevo fondo.

Durante el acto realizado en Viedma, Weretilneck plasmó con las firmas de intendentes y comisionados un mecanismo que busca atender el aumento de gastos en localidades que crecieron en población sin modificar, por ahora, los índices de la Ley de Coparticipación. El acuerdo alcanza a Cipolletti, Bariloche, General Roca, Fernández Oro, El Bolsón, Dina Huapi, Catriel, Cervantes, Los Menucos, Comallo, Ramos Mexía, Darwin, Guardia Mitre e Ingeniero Huergo, además de 12 comisiones de fomento y la Comuna de San Javier, que recibirán un refuerzo específico para mantener servicios esenciales, invertir en infraestructura y adquirir equipamiento. En total, el paquete representa alrededor de 12.773 millones de pesos anuales entre municipios y comisiones, financiados íntegramente con recursos del Tesoro provincial y sin recortar fondos a las localidades que quedaron fuera del esquema.

En su intervención, el gobernador planteó que la decisión responde a la tensión permanente entre lo “ideal” y lo “posible”, y la presentó como una salida pragmática frente a un conflicto que se agravó tras el desacuerdo generalizado con los resultados del último censo. Sostuvo que la prioridad fue encontrar un punto de coincidencia entre municipios de distinto signo político, comisiones de fomento y provincia para superar una situación “compleja, difícil de resolver”, privilegiando el interés institucional por sobre las expectativas particulares de cada distrito. Weretilneck adelantó además que el instrumento se apoyará en una ley específica: el proyecto será enviado a la Legislatura, tratado en plenario de comisiones y sometido a votación en la sesión del jueves, con el objetivo de otorgar previsibilidad y reglas claras sobre el uso y la actualización de los fondos.

El diseño del fondo establece que los recursos deberán destinarse exclusivamente a sostener y mejorar servicios públicos, financiar obras vinculadas a esas prestaciones y comprar bienes de capital, quedando expresamente vedado su uso para gastos de personal. El aporte provincial para los 14 municipios se fija en 12.347 millones de pesos por año, mientras que las comisiones de fomento y San Javier dispondrán de 426,33 millones anuales, con actualizaciones semestrales atadas a la evolución positiva de la recaudación de IVA e Ingresos Brutos. El gobierno provincial presentó la medida como un puente transitorio mientras se trabaja en una revisión integral del régimen de coparticipación, pero varios intendentes advirtieron que la discusión de fondo sobre cómo se reparte la riqueza provincial sigue pendiente.

Las reacciones entre los jefes comunales fueron diversas. Desde Catriel, la intendenta Daniela Salzotto reconoció la necesidad de aceptar el fondo en representación de sus vecinos, pero expresó su malestar por la forma en que se distribuyen los montos, considerando que algunas ciudades resultan “muy beneficiadas” frente a otras que han aportado durante años a la economía provincial. Señaló que para su municipio el convenio se traduce en unos 40 millones de pesos, cifra que juzgó insuficiente para acompañar el nivel de aporte y las necesidades de infraestructura local. En contraste, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, valoró el acuerdo como un gesto de institucionalidad y ordenamiento de un esquema de coparticipación que venía “desordenado”, y celebró que una de las ciudades que más crece por su cercanía con Vaca Muerta pueda contar con recursos adicionales acordes al ritmo de radicación de empresas y expansión urbana.

La intendenta de General Roca, María Emilia Soria, se mostró mucho más crítica y describió la firma del convenio como una instancia con “sabor agridulce”, porque —según remarcó— ninguna de las propuestas que llevó el municipio en las reuniones previas fue incorporada al diseño final del reparto. Recordó que Roca es la segunda ciudad más poblada de la provincia y cuestionó que, pese a ello, el esquema no refleje de manera adecuada el crecimiento demográfico que se buscaba compensar. Soria aseguró que gestionará cualquier recurso que pueda llegar a su localidad, “sean mil pesos o cincuenta millones”, pero advirtió que observa “un único beneficiario en detrimento de muchos otros” y mencionó a los 25 municipios que no firmaron y padecen decrecimiento poblacional y económico. En clave electoral, planteó que si llega a la gobernación impulsará una actualización profunda de la ley de coparticipación, con planificación y diálogo, lo que anticipa que la Compensación Financiera Transitoria será, más que un punto final, un capítulo intermedio en una discusión estructural sobre cómo se distribuyen los recursos en Río Negro.