El Senado frena, por ahora, la extranjerización de la tierra

La frenada de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado no solo dejó en evidencia la debilidad política de La Libertad Avanza, sino que volvió a poner en primer plano el costado más controvertido del proyecto: la puerta abierta a una extranjerización masiva de la tierra y a la entrega de recursos estratégicos a capitales privados de otros países.

La iniciativa, presentada por el Ministerio de Desregulación y Modernización del Estado, desarma la arquitectura protectora de la Ley de Tierras Rurales vigente, que hoy fija límites claros a la presencia extranjera en el territorio: un tope del 15% por país a nivel nacional, provincial y municipal, un máximo del 30% para cada nacionalidad dentro de ese cupo y un límite de 1.000 hectáreas por persona o empresa en la zona núcleo agrícola, o su equivalente en otras regiones. Al eliminar esos topes, la reforma transforma la tierra en un activo libre para la expansión sin freno de grandes grupos económicos de afuera, con impactos potenciales sobre la soberanía, el control de recursos naturales y la capacidad del Estado de ordenar el uso del suelo.

El corazón del cambio está en la redefinición de quién queda realmente restringido: ya no se limita la compra por parte de cualquier persona o firma extranjera, sino que la prohibición se acota a los Estados extranjeros y a las empresas con participación estatal, que igualmente podrían adquirir tierras si obtienen el doble aval de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional. En la práctica, esto abre un canal legal para que corporaciones privadas de otros países se conviertan en grandes terratenientes en zonas productivas, hídricas o fronterizas, desplazando a productores locales y dejando decisiones clave sobre el destino del territorio en manos de directorios que responden a intereses y mercados externos. Por eso, especialistas y organizaciones sociales describen la norma como una verdadera “ley de extranjerización de la tierra”, más que como una protección de la propiedad privada.

La supuesta “salvaguarda” federal que propone el proyecto, al colocar en las provincias la potestad de autorizar, regular o vetar la compra de tierras por extranjeros, es presentada como un refuerzo de la autonomía local, pero en los hechos puede fragmentar la defensa del territorio y convertir cada distrito en una pieza negociable dentro de un mapa de intereses globales. Si una provincia, presionada por necesidades fiscales o por lobby empresarial, decide permitir la entrada masiva de capital extranjero, podría otorgar la llave para que esos actores se apropien de extensas superficies productivas o estratégicas, con consecuencias que no se detienen en sus límites sino que afectan al conjunto del país. A esto se suma el mecanismo de “silencio administrativo positivo” previsto en algunos borradores, por el cual, si Provincia y Nación no responden en un plazo determinado, la operación queda automáticamente aprobada, profundizando la desprotección frente a compras agresivas o especulativas de tierras.

Las críticas que hoy atraviesan el debate en el Senado van mucho más allá de una disputa técnica sobre códigos y procedimientos: apuntan al núcleo de qué modelo de país se quiere construir en relación con su territorio y sus bienes comunes. La Iglesia, organizaciones campesinas, ambientalistas y sectores políticos diversos advierten que la eliminación de límites a la propiedad extranjera puede consolidar un mapa donde el agua, los bosques, la frontera y las zonas de alta productividad queden bajo dominio de actores que no viven ni votan en Argentina, pero que deciden sobre su suelo. Que la ley haya sido postergada por falta de votos no borra el problema: solo aplaza una discusión de fondo sobre hasta dónde está dispuesto el Gobierno a ceder soberanía territorial en nombre de una supuesta “seguridad jurídica” para inversores que, en muchos casos, verían a la tierra argentina como un activo más en su cartera global.