Milei quiere que la Argentina sea el país con menos restricciones a la venta de tierras en Sudamérica

El Senado debate este jueves el proyecto de reforma de la Ley de Tierras Rurales que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Si se aprueba, Argentina pasará de tener uno de los marcos regulatorios más restrictivos de la región para la compra de campos por extranjeros a uno de los más abiertos — por debajo incluso de Uruguay y Brasil, que mantienen controles de distinta índole sobre esas operaciones.

La ley vigente, la 26.737, establece que los extranjeros no pueden superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio. Además, fija un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y prohíbe la adquisición de campos sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y zonas de frontera. El proyecto del Ejecutivo elimina todos esos topes para personas y empresas privadas extranjeras, aunque endurece los controles cuando el comprador es un Estado extranjero, una empresa estatal o una sociedad bajo su control, que necesitarán autorización específica para concretar operaciones.

Lo que dice el mapa regional

El argumento oficial es que la ley vigente desalienta inversiones en forestación, riego y cultivos permanentes en el NEA, Cuyo y la Patagonia. Para evaluar esa afirmación en perspectiva, vale mirar qué hacen los vecinos.

Brasil mantiene una de las regulaciones más restrictivas de la región. La Ley 5.709/71 limita la propiedad extranjera al 25% del territorio de cada municipio y prohíbe que una misma nacionalidad concentre más del 10% de esa superficie. El INCRA controla y registra esas operaciones. Con la reforma de Milei, Argentina tendría un régimen considerablemente más flexible que el brasileño.

Uruguay no prohíbe la compra de campos por extranjeros, pero exige transparencia: identificación de accionistas de las sociedades propietarias, registro de titularidad y composición de las empresas. El Parlamento uruguayo, además, analiza reforzar los controles en zonas fronterizas. De aprobarse la reforma argentina, el esquema local sería menos restrictivo que el uruguayo.

Paraguay presenta el mayor nivel histórico de extranjerización rural de la región — entre el 14% y el 19% del territorio en manos extranjeras, con picos del 60% en departamentos fronterizos, principalmente por capitales brasileños —, pero ese fenómeno es resultado de un proceso histórico, no de una apertura irrestricta como la que propone el proyecto libertario.

El Gobierno justifica la reforma en la necesidad de atraer inversiones. Pero hay un dato que complica esa lógica: según cifras oficiales, solo el 6% de las tierras rurales argentinas está hoy en manos extranjeras, muy por debajo del tope legal del 15% que la reforma eliminaría. Es decir, el límite vigente no se alcanzó ni a la mitad — lo que hace difícil argumentar que sea el principal obstáculo para las inversiones que el Gobierno dice querer atraer.

La distinción que traza el proyecto entre inversores privados y Estados extranjeros tiene una lógica en un contexto de tensión geopolítica global, donde la compra de tierras por fondos vinculados a gobiernos como China o Rusia genera debates en varios países. Pero la eliminación de cualquier límite para los privados va más allá de esa lógica: abre la puerta a que fondos de inversión, fideicomisos o estructuras societarias sin vínculo gubernamental formal acumulen tierra argentina sin techo regulatorio de ningún tipo.