Política
El Gobierno abre las importaciones de tubos de aluminio chinos y golpea al único productor local
Eliminó una medida antidumping impuesta en 2020.
El Ministerio de Economía dispuso el cierre sin renovación de la medida antidumping que pesaba desde 2020 sobre las importaciones de tubos de aluminio originarios de China. La Resolución 883/2026, publicada en el Boletín Oficial, deja sin efecto el derecho del 75,52% que se aplicaba a las exportaciones chinas de tubos de aluminio sin alear utilizados en la industria automotriz, la agroindustria y la línea blanca.
Con esa firma, el Gobierno vuelve a mover la aguja en la misma dirección que viene marcando desde el arranque de la gestión: menos protecciones a la industria local, más libertad de importación, mayor exposición del entramado productivo argentino a la competencia asiática.
La lógica de la decisión
El caso tiene una particularidad interesante. La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) — el organismo técnico que evaluó el pedido de revisión — determinó que sí existía probabilidad de que el dumping y el daño se repitieran si se levantaba la protección. Es decir: técnicamente, se cumplían las condiciones que suelen justificar mantener el arancel antidumping.
Sin embargo, la CNCE recomendó no mantener la medida «por razones de interés público». Su argumento, textual: «la continuidad de la medida podría resultar poco consistente con una política económica orientada a reducir los costos de los insumos productivos y mejorar la competitividad de las actividades manufactureras». Traducido: la protección al único productor local encarece el insumo para las industrias que lo compran, y eso — bajo el criterio del oficialismo — es una razón suficiente para levantarla, aun sabiendo que puede reaparecer el dumping.
El productor único bajo la lupa
La empresa afectada por la decisión es Aluminium Manufacturers Express S.A. (AMEX), única productora local del bien. La CNCE analizó su desempeño durante el período de vigencia del arancel y llegó a una conclusión que pesa en el dictamen: la empresa «mejoró sus ingresos medios por ventas y su participación de mercado» durante los años de protección, y su rentabilidad «se mantuvo en torno al nivel» que la propia comisión considera de referencia para el sector. Ese cuadro, según el organismo, «dista de ofrecer un cuadro de vulnerabilidad» que justifique sostener el arancel.
El dictamen también señaló un dato colateral pero relevante: durante la vigencia del arancel aumentó la concentración del mercado local. Es decir, la protección no solo evitó la competencia externa: consolidó la posición dominante del único productor local dentro del propio mercado interno.
El dilema de fondo
La resolución 883/2026 encapsula, en clave chica, una discusión más amplia. La política de apertura comercial del Gobierno abarata insumos y bienes finales para consumidores e industrias, pero somete al entramado productivo local a una competencia contra la que — según el propio dictamen técnico — puede no estar en condiciones de competir. El caso concreto es menor pero el principio que aplica no lo es.
La pregunta que la resolución deja sin responder es la misma que viene atravesando otros episodios recientes — los aranceles a celulares, los importados en la industria automotriz, el desmonte del fondo de diversificación productiva fueguina: qué queda del entramado industrial argentino cuando cada expediente sectorial se cierra con la misma decisión.
