boca de pozo
Celebra el Chiqui Tapia: la Justicia avaló el cambio de domicilio de la AFA
La decisión judicial le quita el poder de control a la IGJ, que depende de Nación.
La Cámara Nacional en lo Civil falló a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la disputa que mantenía con el Gobierno nacional por el control de la entidad y avaló el traslado de su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires.
La resolución declaró nula la designación de veedores promovida por el Ministerio de Justicia a partir de actuaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) y estableció que ese organismo ya no tiene competencia para fiscalizar a la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia.
Además, los jueces dieron por cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público a cargo de la IGJ, consolidando el cambio de jurisdicción que la asociación había aprobado durante 2024.
Un respaldo judicial para la conducción de Tapia
El fallo fue firmado por los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, quienes sostuvieron que las facultades de control y fiscalización pasaron a depender exclusivamente de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense una vez concretado el traslado de la sede social a Pilar.
«Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad», señalaron los magistrados.
La decisión representa un triunfo para la conducción de Tapia, que había cuestionado la actuación de la IGJ al considerar que el organismo nacional ya no tenía atribuciones legales para intervenir sobre la asociación.
La Cámara también declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la IGJ y dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Justicia que había dispuesto la designación de veedores por un plazo de 180 días hábiles.
El origen de la disputa
La controversia comenzó en octubre de 2024, cuando la Asamblea General de la AFA aprobó una reforma estatutaria para trasladar su domicilio social desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la localidad bonaerense de Pilar.
Posteriormente, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas autorizó la inscripción correspondiente y formalizó el cambio de jurisdicción.
A partir de ese momento se abrió una discusión sobre qué organismo tenía facultades para supervisar a la entidad. Mientras la IGJ intentó mantener su intervención, la AFA sostuvo que el control había pasado a depender de las autoridades bonaerenses.
La Cámara terminó respaldando esta última posición y remarcó que la IGJ no puede revisar ni cuestionar decisiones adoptadas por organismos provinciales dentro de sus respectivas competencias.
Los jueces también destacaron que los actos administrativos emitidos por la autoridad bonaerense mantienen plena validez mientras no sean impugnados por las vías legales correspondientes.
Qué cambia y qué no cambia con el fallo
La resolución judicial no elimina los mecanismos de control sobre la AFA, sino que redefine quién tiene la facultad de ejercerlos.
Según explicó la Cámara, la fiscalización de la entidad y la revisión de sus estados contables continuarán bajo la autoridad competente de la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, el fallo limita la capacidad de intervención de la IGJ y fortalece la posición institucional que la conducción de la AFA buscó consolidar con el traslado de su sede social.
Las investigaciones penales continúan
La decisión de la Cámara Nacional en lo Civil no modifica el estado de las causas penales que involucran a la AFA y a algunos de sus dirigentes.
Entre los expedientes en trámite figura una investigación por presunto lavado de dinero vinculada a propiedades ubicadas en Pilar.
También continúa una causa en la que Claudio Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, fueron procesados por presunta retención indebida de aportes.
Por ese motivo, aunque el fallo representa un importante respaldo institucional para la conducción de la AFA frente al Gobierno nacional, las investigaciones judiciales continuarán su curso en los tribunales competentes.
La resolución consolida así el traslado de la entidad a la provincia de Buenos Aires, limita el alcance de la IGJ sobre su funcionamiento y refuerza la autonomía de la conducción encabezada por Tapia en una disputa que durante los últimos meses sumó tensión política y judicial.
