Política
Adorni desmintió la declaración de su arquitecto y reconoció que no tiene facturas de los gastos
El Jefe de Gabinete negó el presupuesto de 245.000 dólares para las refacciones de su casa declarado por el contratista Matías Tabar.
El entorno de Manuel Adorni rechazó la declaración testimonial del arquitecto Matías Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, quien afirmó bajo juramento que las reformas en la propiedad del funcionario en el country Indio Cuá costaron 245.000 dólares. Según el equipo del Jefe de Gabinete, el monto consignado ante la Justicia es inexacto y solicitarán una pericia técnica, además de una inspección ocular en el inmueble ubicado en Exaltación de la Cruz para contrastar los valores.
Desde la Jefatura de Gabinete admitieron la inexistencia de facturas que respalden los pagos de la obra, que incluyó la construcción de un quincho, una piscina y una cascada. El argumento oficial sostiene que los costos presentados por el profesional son excesivos y que el contratista nunca entregó los comprobantes fiscales correspondientes a los gastos realizados. Ante esta situación, el Gobierno evalúa denunciar a Tabar si se comprueban irregularidades en su testimonio.
La propiedad fue registrada a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, en noviembre de 2024. La investigación judicial busca determinar si existe una desproporción entre los ingresos declarados por el funcionario y el valor de las mejoras en sus activos inmobiliarios. En paralelo, Adorni evitó desmentir de forma directa las versiones sobre el presunto pago de sobresueldos a asesores del Poder Ejecutivo durante su última rueda de prensa en Casa Rosada.
Tabar es socio del grupo Alta Arquitectura y se presentó esta lunes ante el fiscal federal Gerardo Pollicita para explicar los trabajos realizados en la casa de fin de semana que Adorni compró a fines de 2024 junto a su esposa en el barrio privado de Exaltación de la Cruz.
El objetivo de su citación era determinar si el funcionario pagó por las renovaciones y cuánto dinero destinó a esas obras, para analizar si esos gastos coinciden con su situación patrimonial como funcionario público.
