El Gobierno restringió el acceso total de la prensa a la Casa Rosada

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso la prohibición del ingreso de todos los trabajadores de prensa a la Casa Rosada a partir de este jueves. La medida se fundamenta en una investigación en curso sobre presunto «espionaje ilegal» y seguridad interna, lo que motivó la suspensión de las huellas dactilares y las credenciales de los periodistas que habitualmente cubren las actividades oficiales en la sede de gobierno.

Desde la Casa Militar y voceros oficiales informaron que la decisión técnica consiste en dejar sin efecto la prórroga de las acreditaciones vigentes mientras se realiza un proceso de reempadronamiento anual. Esta determinación se vincula con la difusión de filmaciones internas en medios de comunicación, lo cual derivó en una denuncia penal por parte de las autoridades encargadas de la custodia presidencial para investigar el origen de dichas filtraciones.

Crónica de una restricción anunciada

Esta disposición general se produce dos semanas después de que el Gobierno impidiera el acceso a cronistas de medios específicos, entre ellos El Destape, A24 y Ámbito Financiero. En aquella instancia inicial, las autoridades habían señalado una presunta vinculación de dichas empresas con campañas de desinformación extranjeras, restringiendo el ingreso a las conferencias de prensa y a la Sala de Periodistas de manera selectiva.

La inhabilitación actual afecta de manera uniforme a todos los medios de comunicación del país, impidiendo la presencia de movileros y redactores en Balcarce 50. Según fuentes gubernamentales, la restricción se mantendrá vigente hasta que concluya el nuevo sistema de acreditaciones, lo que altera la dinámica de consulta directa a los funcionarios y el seguimiento presencial de la agenda del Presidente.

Distintos sectores políticos y organizaciones gremiales han manifestado su preocupación ante lo que consideran una limitación al derecho a la información y a la libertad de prensa. Bloques legislativos de la oposición presentaron proyectos para solicitar la inmediata restitución del acceso de los periodistas, argumentando que la medida vulnera el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.