Luis Bertolini: crónica de una denuncia anunciada

La situación de Plottier sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que impacta de lleno en la gestión municipal. El intendente Luis Bertolini quedó formalmente expuesto a un pedido de juicio político presentado en el Concejo Deliberante, en medio de una investigación judicial que viene creciendo en volumen y alcance.

La denuncia fue impulsada por la abogada Liliana Verónica Peral, quien solicitó iniciar el proceso por presunto mal desempeño, incumplimiento de los deberes de funcionario público y posibles delitos en el ejercicio del cargo. El expediente ya fue ingresado por Mesa de Entradas y ahora deberá seguir su curso institucional, con la posibilidad de ser girado a la Sala Acusadora. Además, se pidió la suspensión preventiva del jefe comunal mientras se sustancia el proceso.

El planteo llega en un contexto donde la figura del intendente ya venía siendo observada por la Justicia, lo que le da a la presentación un peso político adicional. En el Concejo, por lo pronto, reconocen que el tema genera ruido, aunque remarcan que cualquier decisión deberá ajustarse a los mecanismos previstos por la normativa vigente.

Cómo se fue gestando el escenario

El camino hasta este punto comenzó a delinearse a mediados de enero de 2026, cuando una vecina de la ciudad presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. Allí se plantearon dos ejes concretos: una exención de tasas municipales otorgada por decreto a un barrio privado sin intervención del Concejo, y la contratación de una empresa vinculada a un entorno cercano a la gestión.

A partir de esa presentación, la fiscalía, bajo la conducción del fiscal jefe Pablo Vignaroli, inició una investigación preliminar. En ese momento se fijó un plazo inicial para reunir información y determinar si correspondía avanzar hacia una imputación formal.

El 6 de febrero se produjo uno de los momentos más visibles del caso: una serie de allanamientos simultáneos en distintas locaciones, incluyendo dependencias municipales, el despacho del intendente y su domicilio particular. En esos operativos se secuestraron alrededor de 180 expedientes, que pasaron a ser el eje central del análisis judicial.

De la investigación a la imputación

Con el correr de las semanas, la causa fue tomando forma. Según lo expuesto por la fiscalía, los expedientes analizados muestran una modalidad repetida en las contrataciones, con procedimientos abreviados y la presencia recurrente de un mismo proveedor en distintos rubros.

Ese patrón es uno de los elementos que sostienen la hipótesis de una posible administración fraudulenta. Para los investigadores, no se trata de hechos aislados, sino de una lógica que se repite en el tiempo y que podría haber generado perjuicio al Estado.

A fines de marzo, el Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente la audiencia para formular cargos. La Oficina Judicial fijó fecha: el lunes 13 de abril, a las 11 de la mañana. En esa instancia, se imputarán delitos como administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario.

La respuesta del intendente y el frente político

Frente al avance de la causa, Bertolini adoptó una postura clara. En distintas apariciones públicas cuestionó los procedimientos judiciales, los calificó como excesivos y planteó que existe una intencionalidad política detrás de las acusaciones. También dejó en claro que no evalúa renunciar y que continuará en funciones.

En paralelo, el clima político en la ciudad muestra señales de desgaste. Desde el Concejo Deliberante reconocen un aumento en los reclamos vecinales y dificultades en el funcionamiento cotidiano del municipio. Aun así, insisten en que cualquier definición institucional deberá respetar los tiempos y las formas.

El pedido de juicio político, en este contexto, agrega un nuevo nivel de presión. No solo porque abre un canal formal dentro del ámbito legislativo, sino porque coincide con un momento clave de la causa judicial.

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