Política
Milei adelantó la coparticipación a 12 provincias financieramente asfixiadas
A través del Decreto 219/2026, el Ejecutivo nacional asistirá a diversas jurisdicciones para paliar la falta de liquidez.
El Gobierno nacional formalizó este lunes la entrega de anticipos de coparticipación federal por un monto total de hasta $400.000 millones, destinados a auxiliar a doce provincias con dificultades financieras. La medida, publicada mediante el Decreto 219/2026, busca ofrecer una respuesta ante problemas transitorios de liquidez que afectan el cumplimiento de gastos corrientes y vencimientos de deuda, derivados principalmente del freno en la actividad económica y la consecuente baja en las transferencias automáticas.
El beneficio alcanza a un abanico diverso de jurisdicciones, sin distinción de signo político, abarcando tanto a gobernadores aliados como opositores a la gestión de Javier Milei. Las provincias que recibirán los fondos son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. La asignación de los montos se definirá de forma individual, considerando la participación de cada distrito en la recaudación nacional y su capacidad real de repago.
En cuanto a las condiciones del financiamiento, el decreto establece que los recursos deberán ser devueltos dentro del mismo ejercicio fiscal 2026. Para garantizar el retorno de los fondos, las provincias beneficiarias deberán autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar retenciones automáticas sobre los recursos coparticipables que les corresponden habitualmente. Este mecanismo de cobro asegura que el auxilio financiero no afecte el equilibrio fiscal a largo plazo de la administración central.
El costo financiero de esta asistencia se fijó en una tasa nominal anual (TNA) del 15%, la cual se aplicará desde el momento del desembolso hasta la cancelación total del capital e intereses devengados. La Secretaría de Hacienda tendrá la facultad de suscribir los convenios individuales y establecer los términos específicos de devolución con cada una de las jurisdicciones implicadas, adaptando el flujo de pagos a las necesidades financieras de cada caso.
Esta disposición oficial se encuadra en las facultades otorgadas por la Ley de Administración Financiera y el régimen vigente de coparticipación federal. Con este movimiento, el Ejecutivo nacional intenta descomprimir la presión sobre las finanzas provinciales en un año marcado por la austeridad, garantizando la operatividad de los servicios esenciales en los distritos seleccionados y evitando posibles incumplimientos en los mercados de deuda.
