Milei ordenó retirar al Estado de la querella contra Macri por la deuda con el FMI tras el archivo de la causa

El Gobierno nacional dispuso que la Procuración del Tesoro de la Nación deje de intervenir como querellante en la causa que investigaba al expresidente Mauricio Macri por presunta defraudación en el manejo del préstamo del FMI. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 87/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Según se argumentó, la intervención de la Procuración en procesos penales fue “excepcional” y no forma parte de su especialidad técnica.

La medida llegó tres días después de que el Juzgado Federal N.º 5 archivara la causa al considerar que los hechos denunciados no constituían delitos, sino diferencias con decisiones de política económica. El fallo, firmado por la jueza María Eugenia Capuchetti —cuyo nombramiento y vínculos dentro del PRO generaron cuestionamientos— motivó una apelación inmediata del fiscal Franco Picardi, quien consideró que el cierre había sido “parcial, sesgado y superficial”. En ese contexto, la salida del Estado como querellante reavivó el debate sobre el alcance de la investigación y el rol institucional en causas vinculadas al uso de fondos públicos.

El Poder Ejecutivo recordó que es el Ministerio Público Fiscal el organismo competente para impulsar la acción penal y que su independencia debe preservarse frente a interferencias externas. No obstante, el retiro del Estado llamó la atención por la velocidad con la que se ejecutó y por la sintonía con la decisión judicial. No queda claro si la intención de Milei habría sido favorecer a Macri o a dos figuras de su propio gabinete: Luis “Toto” Caputo y Federico Sturzenegger, ambos involucrados en la negociación y administración del préstamo durante el gobierno de Cambiemos.

La causa, caratulada “Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros”, se había iniciado en 2019 y cobró notoriedad cuando el expresidente Alberto Fernández anunció la querella en la apertura de sesiones del Congreso en 2021. Entre los puntos centrales de la acusación figuraban el supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público, por no consultar al Congreso antes de tomar un endeudamiento que impactaría durante generaciones, y la sospecha de que los fondos del FMI habrían financiado la fuga de capitales a través del negocio de las Lebacs, en lugar de reforzar reservas.

En el expediente constaban informes de la Oficina Anticorrupción que apuntaban a un uso irregular de las divisas, y el fiscal Picardi insistió en que la jueza omitió una evaluación integral del material probatorio. Pese al cese de la querella penal, el decreto aclaró que el Estado no renuncia a eventuales reclamos por daños y perjuicios en el fuero civil. La discusión judicial, no obstante, continúa marcada por tensiones políticas, interpretaciones contrapuestas y un interrogante abierto sobre el futuro de una de las causas más sensibles vinculadas al endeudamiento argentino.