Política
Un grupo de abogados asiste a familias sobreendeudadas para frenar pagos a bancos y Mercado Pago
Patrocinan a las personas que no pueden pagar sus créditos para que presenten la quiebra.
Un colectivo de profesionales del derecho llamado «Quebrados por la usura» comenzó a organizar estrategias legales y colectivas para representar a personas en situación de estrés financiero extremo, promoviendo la suspensión de pagos ante entidades bancarias y plataformas como Mercado Pago. La iniciativa surge frente a la escalada del endeudamiento familiar, canalizando reclamos por cláusulas abusivas, tasas de interés que rozan la usura y mecanismos de cobro extrajudicial considerados intimidatorios.
La metodología impulsada por los letrados apunta a auditar los contratos de adhesión suscritos por los deudores para detectar irregularidades en el cálculo del Costo Financiero Total (CFT), la aplicación de comisiones encubiertas y la refinanciación compulsiva de saldos en tarjetas de crédito y préstamos personales. A partir de esas inconsistencias, recomiendan a los damnificados cesar el pago corriente de las cuotas e iniciar procesos de mediación formal para negociar cancelaciones con quitas de capital sustanciales sobre los montos exigidos.
«La gente no sabe que existe esta posibilidad y como no lo conoce tiene miedo, pero no hay riesgos», explica Rodolfo Baque, uno de los ideólogos de Quebrados por la Usura junto con Muriel Mazzeo y Debora Hambo.
En paralelo, el equipo legal brinda cobertura frente al accionar de los estudios de cobranza y agencias de recupero crediticio que operan en representación de entidades tradicionales y billeteras virtuales. Los abogados denuncian que muchas de estas firmas incurren en hostigamiento telefónico reiterado, amenazas de embargo sin orden judicial previa y llamadas a los lugares de trabajo o contactos familiares de los usuarios, conductas expresamente sancionadas por la Ley de Defensa del Consumidor.
La proliferación de estas redes de asesoramiento legal expone el deterioro socioeconómico de los hogares, donde las líneas de crédito al consumo pasaron de financiar compras extraordinarias a costear gastos de subsistencia como alimentos, servicios públicos y medicamentos. En ese esquema, las aplicaciones financieras y los proveedores no bancarios de crédito adquirieron un rol predominante al otorgar fondos inmediatos a sectores no bancarizados o de ingresos informales, aunque bajo esquemas de tasas que terminan volviéndose impagables ante la caída del poder adquisitivo.
Desde el sector financiero advierten que fomentar la cesación de pagos puede derivar en la exclusión de los deudores del sistema crediticio formal mediante reportes negativos en la Central de Deudores del Banco Central y empresas de informes comerciales. No obstante, los impulsores de la iniciativa sostienen que la judicialización de los casos constituye la única herramienta disponible para frenar abusos contractuales y evitar el quebranto definitivo de la economía de las familias.
