Con una masiva marcha, las universidades exigieron al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento

La comunidad educativa de las 57 universidades nacionales realizó este martes una movilización federal para reclamar la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria, liderada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y gremios docentes, denunció el desfinanciamiento del sistema ante la falta de actualización de las partidas presupuestarias. Durante el acto central en Plaza de Mayo, los representantes del sector señalaron que la inversión por estudiante alcanzó el nivel más bajo desde el año 2004.

El presupuesto vigente para el año 2026 asciende a 4,8 billones de pesos, cifra que representa una reducción real del 18,4% respecto al ejercicio de 2025. Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, la ejecución de fondos para hospitales universitarios alcanzó el 9,3% del total asignado en el primer cuatrimestre del año. Esta situación afecta el mantenimiento de los edificios y la provisión de servicios básicos en las facultades de todo el país, donde los gastos de funcionamiento cayeron un 17,2% interanual.

En materia salarial, el poder adquisitivo de los trabajadores docentes y no docentes registró una pérdida acumulada del 34,2% desde noviembre de 2023. La propuesta oficial de aumentos escalonados del 4,1% en tres tramos fue rechazada por los sindicatos al considerarla insuficiente frente a la inflación proyectada. Actualmente, el salario inicial de un auxiliar de primera categoría se ubica en 1.062.708 pesos, monto que se encuentra por debajo de la Canasta Básica Total que mide la línea de pobreza.

El conflicto escaló a la instancia judicial luego de que el Poder Ejecutivo suspendiera la aplicación de la Ley 27.795, que establece la actualización automática de las partidas por inflación. Aunque dos fallos previos ordenaron al Gobierno cumplir con el financiamiento, el Ministerio de Capital Humano apeló las medidas. En la actualidad, el expediente se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia, mientras el Ejecutivo argumenta que el cumplimiento de la norma compromete las metas de superávit fiscal.

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Desde la Casa Rosada, las autoridades mantuvieron la postura de no ampliar las transferencias más allá de lo pautado en el presupuesto actual. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, indicó que no existen fondos excedentes para cubrir los 2,5 billones de pesos que reclaman las instituciones. Por su parte, el documento leído en la Plaza de Mayo advirtió que la falta de recursos pone en riesgo la continuidad de las actividades académicas y de investigación durante el segundo cuatrimestre.