Neuquén
Neuquén debate una ley para sancionar agresiones al personal de salud
El proyecto impulsado por el gobierno provincial comenzó a discutirse en la Legislatura y abrió un intercambio de posiciones entre diputados, gremios y trabajadores autoconvocados.
El proyecto contra la violencia al personal de salud empezó a moverse en la Legislatura de Neuquén y el debate ya dejó ver que el camino legislativo no será sencillo. La propuesta, enviada por el Ejecutivo provincial, plantea crear un régimen específico para prevenir, sancionar y reparar situaciones de agresión contra trabajadores del sistema sanitario.
La iniciativa fue presentada por el gobierno de Rolando Figueroa como parte del paquete de proyectos anunciados al inicio del período legislativo. Sin embargo, apenas comenzó su tratamiento en comisión aparecieron cuestionamientos desde distintos bloques políticos y también desde sectores del propio sistema de salud, que piden ampliar la discusión antes de avanzar.
Durante la primera reunión en la comisión de Trabajo, varios diputados coincidieron en que el proyecto merece un análisis más profundo y solicitaron convocar a funcionarios del Ministerio de Salud y representantes sindicales. La idea es que puedan exponer su mirada antes de continuar con el tratamiento.
Entre los convocados que se pretende escuchar figuran los gremios ATE y Siprosapune, organizaciones que representan a buena parte de los trabajadores y profesionales del sistema público sanitario en la provincia. De aprobarse la norma, el Ministerio de Salud sería el organismo encargado de aplicarla.
Cuestionamientos y posiciones cruzadas
Las primeras reacciones al proyecto contra la violencia al personal de salud dejaron un escenario de opiniones diversas dentro de la Legislatura.
Una de las voces críticas fue la diputada Brenda Buchiniz, del espacio Cumplir, quien planteó que el sistema legal actual ya contempla herramientas para sancionar agresiones. Desde su mirada, crear un nuevo régimen específico podría implicar un exceso de regulación.
En una línea similar se expresó el legislador del PRO Marcelo Bermúdez. Según sostuvo, el esquema punitivo que propone el proyecto podría resultar redundante respecto de normas ya vigentes.
El diputado Andrés Blanco, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, llevó la discusión hacia otro plano. Para él, el foco debería estar puesto en las condiciones del sistema de salud. Señaló que la falta de personal, recursos e infraestructura suele generar tensiones que terminan en conflictos dentro de hospitales y centros de atención.
Desde el oficialismo provincial, en cambio, defendieron la necesidad de avanzar con una normativa específica. El presidente del bloque Comunidad, Ernesto Novoa, mencionó situaciones registradas en el Hospital Centenario y otros establecimientos donde se produjeron insultos o agresiones hacia trabajadores administrativos y personal sanitario, incluso en contextos con presencia policial.
La diputada peronista Lorena Parrilli también sumó su mirada durante el intercambio. En su intervención vinculó el clima social con el contexto político nacional y sostuvo que determinados discursos públicos terminan influyendo en las formas de relacionamiento dentro de la sociedad.
Qué establece el proyecto
El proyecto contra la violencia al personal de salud busca tipificar distintas formas de agresión que pueden sufrir trabajadores del sistema sanitario en el ejercicio de su tarea.
El texto incluye agresiones físicas, verbales, digitales o mediáticas, además de amenazas, hostigamientos, intimidaciones o cualquier conducta que afecte la integridad o la dignidad de quienes trabajan en hospitales y centros de salud.
También contempla daños a equipamiento médico, bienes personales o infraestructura sanitaria, así como situaciones en las que se obstaculice el trabajo del personal durante la atención a pacientes.
En cuanto a sanciones, la iniciativa propone incorporar nuevas faltas al Código Contravencional de la provincia. Entre las posibles penalidades figuran multas que van de 5 a 150 JUS, trabajos comunitarios en centros de salud por hasta 30 jornadas, restricciones de ingreso a establecimientos sanitarios —excepto en emergencias— y arresto de hasta 30 días.
El proyecto también incluye medidas preventivas. Entre ellas se prevén capacitaciones para el personal sanitario en manejo de crisis, resolución de conflictos y comunicación con pacientes y familiares en situaciones de tensión. Además, se plantea impulsar campañas de sensibilización sobre el respeto al trabajo en el sistema de salud.
Por ahora, la iniciativa recién comenzó su recorrido legislativo. El proyecto contra la violencia al personal de salud deberá pasar todavía por tres comisiones: Trabajo, Asuntos Constitucionales y Hacienda. Recién después de ese recorrido podría llegar al recinto para su votación. Mientras tanto, el debate sigue abierto.
