Política
El Gobierno impulsa en el Senado la modificación de la Ley de Glaciares durante las extraordinarias
El proyecto del oficialismo busca flexibilizar la protección de glaciares y zonas periglaciares para habilitar proyectos extractivos.
El Gobierno de Javier Milei llegó a las sesiones extraordinarias decidido a impulsar una reforma profunda y polémica: la modificación de la Ley de Glaciares, una normativa clave para la protección de las reservas estratégicas de agua dulce del país. El tratamiento comenzará el lunes 2 de febrero y el debate en particular está previsto para el martes 10, en un clima legislativo que ya anticipa tensiones y movilizaciones en las calles. La propuesta del Ejecutivo busca redefinir qué glaciares merecen protección y devolver a las provincias mayor control sobre los bienes naturales, una agenda celebrada por sectores extractivos y resistida por organizaciones ambientalistas.
El proyecto oficial apunta a modificar artículos neurálgicos de la ley vigente (26.639) con el objetivo de permitir actividades mineras y de hidrocarburos en zonas hoy vedadas. El argumento del oficialismo es conocido: más “flexibilidad” permitiría habilitar proyectos de megaminería y generar desarrollo económico, especialmente en provincias con potencial de litio y cobre. Pero lo que se presenta como una modernización técnica es, en esencia, una reducción drástica del estándar de protección ambiental. La ley actual no solo protege glaciares sino también ambientes periglaciares y cuencas hídricas asociadas, reconociéndolas como reservas estratégicas de agua para el consumo humano. Debilitar este marco implica, como mínimo, correr el límite de lo aceptable en uno de los ecosistemas más sensibles del país.
El Gobierno envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares
El bloque libertario sostiene que la ley vigente genera “inseguridad jurídica” y frena inversiones. Su propuesta es restringir la protección a glaciares que tengan “función hídrica efectiva y estratégica”, una definición tan acotada como ambigua, que abre la puerta a interpretaciones favorables a la explotación. Legisladores de provincias mineras como San Juan, Catamarca y Jujuy respaldan esta lectura, presionados por proyectos paralizados y promesas de ingresos millonarios. Del otro lado, Unión por la Patria y organismos ambientales advierten que la reforma puede significar una regresión peligrosa, dado que permitiría intervenir zonas hoy protegidas y comprometería reservas que costaron décadas en reconocerse como bienes comunes.
Los defensores del esquema actual recuerdan que la Ley de Glaciares nació como respuesta a los conflictos socioambientales que expusieron la fragilidad de los ecosistemas de montaña. Y tienen un punto: cualquier flexibilización sin criterios estrictos y monitoreos serios puede habilitar “zonas grises” donde, en la práctica, todo termine permitido. Pero incluso entre sectores críticos del oficialismo existe el consenso de que la discusión merece más matices: un sistema de prohibiciones generales sin evaluación caso por caso también puede volverse rígido y poco operativo, lo que también permitiría una parálisis que no necesariamente garantiza mejor protección ambiental.
La verdadera cuestión está en el equilibrio, y ahí es donde la reforma del Gobierno parece fracasar desde el inicio. Al priorizar el desarrollo extractivo sobre la preservación ambiental —sin fortalecer controles ni auditorías independientes— el proyecto corre el riesgo de convertirse en una puerta abierta a disputas judiciales infinitas. Paradójicamente, aun si la ley se modifica, la falta de claridad técnica podría desalentar las inversiones que se pretende atraer, porque cada proyecto podría ser impugnado por posible daño al ambiente.
