Política
Una investigación periodística descubre a la familia Ritondo en un entramado de empresas ocultas
La red de compañías radicadas en paraísos fiscales controlarían propiedades por más de dos millones de dólares.
En medio del ruido político que envuelve al Congreso por la detención de Edgardo Kueider, no es menos llamativo el silencio político y mediático en torno a una investigación periodística de El DiarioAR en colaboración con el Consorcio Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que reveló un entramado financiero que conecta a la esposa del diputado Cristian Ritondo, Romina Aldana Diago, con propiedades millonarias en Florida y sociedades offshore en jurisdicciones opacas como las Islas Vírgenes Británicas y Delaware.
El trabajo periodístico de Emilia Delfino, que contó con el acceso a los documentos filtrados de los Pandora Papers, revela la existencia de una red de sociedades y fideicomisos destinados a proteger activos y ocultar la titularidad de propiedades valuadas en 2 millones de dólares, equivalentes a más de 2 mil millones de pesos. Suficiente dinero para comparar 400 mil botellas de sidra Real etiqueta negra, o más de dos millones de preservativos de primera marca. Se podría decir que el diputado y su esposa están forrados.
Este tipo de maniobras no es nueva en la política, pero esta vez tiene un agregado especial y no es la sidra: el vínculo directo con Cristian Ritondo, actual jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, referente de Mauricio Macri y uno de los principales aliados del presidente Javier Milei en el Congreso.
La red offshore: Sunstar Point, Warwick Trust e Ilustre LLC
El corazón de la operación se encuentra en la sociedad Sunstar Point Ltd, constituida en 2014 en las Islas Vírgenes Británicas por Romina Diago, quien figura como directora, representante y beneficiaria final.
El objetivo de la compañía era adquirir una propiedad en Miami, valuada en 650.000 dólares, de acuerdo con los formularios internos obtenidos por la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Para operar la sociedad, Diago abrió una cuenta bancaria en el Bank of America y estableció un fideicomiso llamado Warwick Trust, que funciona como una «capa de protección» para los activos. Este fideicomiso es controlado directamente por la esposa de Ritondo, pero, en caso de fallecimiento o incapacidad, la administración de los bienes pasaría a manos de Cristian Ritondo, quien quedaría a cargo de los bienes para luego ser transmitidos a sus hijos.
Más tarde, la propiedad del condominio en Florida pasó a manos de otra sociedad, Ilustre LLC, tal el nombre que con fino humor, la familia Ritondo – Diago radicó en Delaware, una de las jurisdicciones más opacas de Estados Unidos. La maniobra, que implica pasar propiedades de una sociedad a otra, suele ser utilizada para ocultar la titularidad real de los bienes. La titularidad de Ilustre LLC, a su vez, está en manos de otra sociedad, Bonita Holdings 39 LLC, una estructura de doble pantalla que disimula la identidad de los propietarios finales.
Propiedades millonarias bajo la lupa
El informe también revela la existencia de cinco propiedades en Miami vinculadas a Diago. Estas propiedades, valuadas en más de 2,6 millones de dólares, fueron adquiridas a través de la red de sociedades offshore. La investigación revela que una de las propiedades fue vendida en 2021, mientras que otras tres aún permanecen bajo la titularidad de Goformore LLC, otra sociedad vinculada a Diago.
Goformore (en español, vamos por más) LLC no es una sociedad más. La compañía tiene propiedades en Miami Beach y Downtown Miami, dos de las zonas más cotizadas del estado de Florida. Esta sociedad, también compró un departamento a otra sociedad vinculada al actual titular del ARCA, Juan Pazo, quien, parece, también se presenta de forma escurridiza ante el organismo que ahora le toca presidir.
En 2013, la esposa de Ritondo dejó de figurar como Directora de Goformore y en su lugar apareció en los papeles María J. Pérez-Millan, un perfil que se presenta como representante de terceros y aparece en más de otra docena de empresas con «actividad» en Florida.
La normativa que juega a favor del ocultamiento
Un detalle que merece atención es que la normativa permite que los bienes de las parejas de los funcionarios públicos sean «reservados», es decir, que no estén disponibles para consulta pública. Esto es posible gracias a una resolución de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, que dispuso que la Oficina Anticorrupción (OA) solo pueda acceder a la información patrimonial de los cónyuges en caso de una investigación judicial. Este es el tipo de kirchnerismo que a los republicanos del PRO no les molesta.
En otras palabras, el patrimonio de la esposa de Ritondo es secreto por defecto. Esta normativa, que se supone que protege la privacidad de los cónyuges, ha sido utilizada para ocultar activos de la vista pública. Así, aunque los legisladores están obligados a declarar el patrimonio de su cónyuge, esta información solo está disponible para la Justicia y la Oficina Anticorrupción, quedando vedada para la prensa y la ciudadanía.
En la investigación publicada por el el Diario Ar también se subraya que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, es la encargada de controlar si Romina Diago declaró estos activos en el exterior, pero no se obtuvo ninguna respuesta oficial.
Silencio, complicidad y falta de repercusión mediática
Aunque la investigación fue realizada por uno de los consorcios de investigación más importantes a nivel internacional, el silencio mediático es notorio. En un contexto en el que las noticias sobre el blanqueo de capitales, la detención de un Senador y su secretaria con más de 200 mil dólares sin declarar y las acusaciones por corrupción a los gobiernos peronistas copan la agenda mediática, el caso de Cristian Ritondo y su esposa Romina Diago no ha recibido la misma cobertura.
Este silencio genera preguntas sobre la independencia de los grandes medios de comunicación, especialmente porque Ritondo es una de las figuras clave del PRO y una pieza fundamental para la gobernabilidad de Javier Milei. La omisión maliciosa en la declaración de bienes por parte de un funcionario público es un delito que puede ser penado con hasta dos años de prisión, aunque esta sanción es excarcelable, no es un delito cualquiera para la imagen de un funcionario público. Mucho menos, para uno que tiene por costumbre la pertenencia a un grupo político en el que están habituados a golpearse el pecho declamando su propia rectitud y la mesa exigiendo la persecución de sus adversarios.
Ritondo, el diputado más rico de Argentina
Pero el patrimonio de Cristian Ritondo ya tuvo comportamientos característicos de un unicornio hace un tiempo atrás. En 2023, se lo ubicó como el diputado más rico de Argentina, con un patrimonio declarado de 1.541 millones de pesos, cifra que representó un incremento del 1.709% en un solo año. La mayor parte de su fortuna está vinculada a la participación en empresas como Emprendimientos Rivadavia SA, Waterford SA, Agrolinks SA y Bull Business SA, entre otras.
Sin embargo, en sus declaraciones patrimoniales no hay ninguna mención a las sociedades offshore de su esposa ni a las propiedades de Miami, pese a que el marco legal le exige declarar el patrimonio de su cónyuge.
A su vez, Diago tampoco es una persona que se haya dedicado de forma exclusiva a la actividad privada. También fue asesora en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Empleada en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Asesora en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, y fue nombrada como investigadora Senior en el Instituto Superior de Seguridad Pública. Todos cargos que debieron llevarle mucho tiempo y responsabilidad durante los últimos diez años.
¿Por qué importa esta investigación?
El caso de Romina Diago y Cristian Ritondo no es solo una anécdota sobre propiedades en Miami o sociedades en paraísos fiscales. Es un ejemplo de cómo se utilizan las brechas legales, parcialidad en los tribunales y falta de acceso público a la información para ocultar la riqueza de algunos políticos y sus familias. El cruce entre las redes financieras opacas y la connivencia de las normativas pone de manifiesto la fragilidad de los controles de transparencia pública.
Y no es menos llamativo que los países que se atribuyen los pergaminos para arbitrar las relaciones políticas y comerciales en todo occidente, sean los mismos que cavan el pozo donde millonarios de toda calaña hunden su riqueza a espaldas de los organismos de control. Un doble estándar exponencial que deja poco espacio para la esperanza.
