Neuquén sigue sin Defensor del Pueblo provincial: una deuda que ya lleva dos décadas

Hay un artículo en la Constitución de Neuquén que lleva casi 20 años sin cumplirse. No es letra chica ni una cláusula olvidada en algún rincón del texto: es el artículo 265, que ordena la creación del Defensor del Pueblo provincial. Un organismo pensado para controlar al gobierno, defender derechos ciudadanos y actuar con independencia total del poder de turno. Todo eso existe en el papel desde 2006. En la práctica, nunca arrancó.

La reforma constitucional de ese año incorporó varios cambios de peso. El Consejo de la Magistratura, por ejemplo, se creó y al año siguiente ya funcionaba. El Defensor del Pueblo corrió otra suerte: quedó atrapado en discusiones legislativas que nunca llegaron a ningún lado, y hoy sigue siendo una promesa constitucional incumplida. Ni el Movimiento Popular Neuquino en sus años de gobierno logró los votos para sacarlo adelante, ni la gestión actual de Rolando Figueroa mostró señales de querer hacerlo. No hay proyecto presentado, no hay debate convocado.

Una deuda que los municipios pagan todos los días

Quien puso el tema sobre la mesa —otra vez— fue Fernando Bravo, Defensor del Pueblo de San Martín de los Andes. Lo hizo durante la presentación del Informe Anual 2025 ante el Concejo Deliberante local, donde calificó la situación como una «deuda institucional» que ya no se puede seguir ignorando. Su planteo no es nuevo, pero sí es cada vez más urgente.

El problema concreto es este: sin una Defensoría provincial, los organismos municipales terminan interviniendo en conflictos que van mucho más allá de lo que les corresponde. Reclamos sobre salud, educación, servicios provinciales —todo eso llega igual a las ventanillas locales, aunque no tengan herramientas legales para resolverlo. Los vecinos no distinguen qué nivel del Estado es responsable de cada cosa. Solo saben que tienen un problema y buscan a alguien que los escuche.

En 2025, los defensores de San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Centenario, Zapala y Neuquén capital firmaron una nota conjunta dirigida al gobernador Figueroa y a la presidenta de la Cámara, Zulma Reina, pidiendo que se cumpla el mandato constitucional de una vez. La nota fue girada a la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura. Terminó el período ordinario sin que se tratara.

Lo que haría ese organismo —y lo que reveló el informe local

Según la Constitución, el Defensor del Pueblo provincial sería un órgano independiente dentro del Poder Legislativo, con autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad y con autarquía financiera. Lo elegiría la Legislatura por tres quintos de sus integrantes, duraría cinco años en el cargo y no podría ser reelecto. Podría investigar cualquier situación que llegue a su conocimiento e incluso accionar judicialmente. En términos simples: sería un contralor del gobierno provincial con dientes reales.

Mientras ese organismo no existe, el informe de San Martín de los Andes muestra lo que sí funciona a escala municipal. De las 287 actuaciones registradas durante 2025, el 80% se resolvió favorablemente. El área de Orientación Legal concentró casi la mitad de las consultas (47%), principalmente por conflictos de alquileres y prepagas. Le siguieron Ambiente y Urbanismo (12,5%), Administración Municipal (11,5%) y Derechos Humanos (10,8%).

Un dato que llama la atención: el 63% de quienes se acercaron a la Defensoría fueron mujeres, y el segmento más activo fue el de adultos de entre 46 y 65 años. Los jóvenes de 18 a 25 años representaron apenas el 1% de las consultas, algo que el propio organismo reconoce como un desafío de comunicación pendiente.

El cuadro completo habla de una institución local que trabaja bien dentro de sus límites. El problema es que esos límites los impone, en buena medida, la inacción de la provincia. Y eso, después de dos décadas, ya es difícil de justificar.