Neuquén
Paro y guerra judicial: el TSJ y la tijera de Figueroa
Sejun entró en guerra con el TSJ. Provincia ya no quiere financiar más al Poder Judicial.
El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun) mantiene un paro y una larga disputa con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La discusión es porque el Convenio Colectivo de Trabajo quedó en el limbo. Directamente se no se está aplicando.
El tema es también político. Hace unos meses, hubo una reunión entre los vocales Soledad Gennari, Germán Busamia, Evaldo «Kili» Moya, Gustavo Mazieres y Alfredo Elosu Larumbe, con el gobierno provincial. Ahí el mismo Rolando Figureoa les dijo a los vocales que se ajusten porque no había plata.
Pero el conflicto no sólo resurge por un tema laboral y político, sino también por los recientes descuentos salariales aplicados a los trabajadores, además de un pedido que hace el gremio, para el cual (dicen) no hay plata: la creación de concursos para más cargos.
El Tribunal Superior de Justicia y Rolando Figueroa.
Claudio Salazar, secretario general del gremio, denunció medidas represivas por parte del TSJ, mientras que los vocales del tribunal señalaron que hay dificultades presupuestarias y las negociaciones aún pendientes.
Descuentos salariales y la represión económica
Uno de los puntos más álgidos del conflicto es la reciente decisión del TSJ de aplicar descuentos masivos a los empleados judiciales.
Según Salazar, estos descuentos «fueron arbitrarios y afectaron incluso a quienes presentaron justificativos médicos» o se retiraron para asistir a reuniones sindicales.
El líder sindical fue contundente: “Nos están reprimiendo económicamente”. El sindicalista destacó que esta medida impacta especialmente a las trabajadoras, quienes conforman el 70% del plantel judicial y muchas de ellas son jefas de hogar.
Para Sejun, el carácter arbitrario de los descuentos va más allá de lo salarial. La medida marca un límite en el trato hacia los trabajadores y pone en evidencia una falta de diálogo con las autoridades judiciales.
“Pasaron un límite”, afirmó Salazar, quien aseguró que el sindicato tomará medidas legales para revertir lo que considera una vulneración de derechos.
El convenio colectivo, estancado desde 2011
El otro gran reclamo del gremio tiene que ver con la implementación de los siete títulos restantes del convenio colectivo de trabajo, que incluye aspectos claves como el régimen de licencias y la «democratización del Poder Judicial».
Aunque en 2011 se logró un avance significativo con la regulación del ingreso por concurso para el personal de ordenanza, el convenio completo sigue sin implementarse.
Salazar instió en que la falta de avances no se debe a cuestiones presupuestarias, como argumentó el TSJ, y acusó al tribunal de usar esa excusa sin proporcionar cifras claras.
Fuentes consultadas por Política Viral en el TSJ explicaron que el presupuesto judicial está profundamente impactado por la masa salarial del personal, que representa más del 90% del gasto total.
Además, mencionaron que los ingresos propios del Poder Judicial han disminuido, lo que ha generado una dependencia creciente de los fondos provinciales.Es decir, desde hace años, los gobierno de Jorge Sapag y Omar Gutiérrez vienen poniendo «dinero encima» para costear los gastos.
“Esto es lo que hace años llamamos la crisis de la autarquía judicial”, dijeron, en alusión a la falta de recursos suficientes para financiar el funcionamiento adecuado del sistema.
La voz del TSJ y los desafíos presupuestarios
Germán Busamia, que también preside la Comisión Paritaria de Convenio Colectivo, trabajó de manera intensa desde 2016 para avanzar en temas relevantes, y que logrando consensos en varias áreas.
La Comisión Paritaria de Convenio Colectivo está integrada por Busamia, Mazieres como suplente, junto a 5 camaristas y jueces de primera instancia. La misma había entendido que había arribado a una redacción consolidada de varios temas. y que se podría ir implementando en una forma gradual, progresiva, conforme posibilidades presupuestarias.
No obstante, aclaró que la implementación de los títulos restantes debe hacerse de manera gradual de acuerdo a si hay dinero, no conformó a Sejun, que lo toma como una dilación al tema.
Busamia había logrado consolidar un texto en septiembre de 2023 pero se quedó en el aire con esa propuesta. La aprobación e implementación depende ahora de los vocales que no participaron en las negociaciones: Gennari, Moya y Elosu Larumbe.
El proceso generó una gran tensión interna dentro del propio TSJ, ya que algunos de sus miembros no pueden pronunciarse sobre el trabajo. Es que son los mismos lideraron en la paritaria.
La crisis de la autarquía judicial
El trasfondo de este conflicto no se limita solo a los descuentos salariales o al convenio colectivo. La autarquía judicial en Neuquén atraviesa una crisis financiera, exacerbada por la disminución de los ingresos provenientes de la coparticipación federal.
El Poder Judicial depende en gran medida de estos fondos, cuya base se achicó progresivamente desde la sanción de la Ley 1971 de Autarquía Judicial en 1992. La ley dice que el Poder Judicial recibe el 18% de coparticipación federal. Pero esa base se ha achicado todos los años.
La ley tiene 32 años y se ha mostrado insuficiente para financiar el funcionamiento del Poder Judicial por lo menos en los ultimos 15 años.
Para SEJUN, sin embargo, el verdadero problema radica en lo que perciben como una falta de voluntad política para resolver el conflicto.
Mientras áreas como la lucha contra el narcomenudeo reciben financiamiento y recursos adicionales, las demandas sindicales, que afectan directamente a las condiciones laborales de los empleados judiciales, siguen postergadas.
El conflicto entre Sejun y el TSJ revela una profunda crisis en las relaciones laborales dentro del Poder Judicial neuquino, marcada por la falta de diálogo, los descuentos salariales y el estancamiento del convenio colectivo.
Mientras el sindicato sigue organizando medidas de fuerza y asambleas para decidir los próximos pasos, las autoridades judiciales insisten en las limitaciones presupuestarias como un obstáculo para avanzar.
En este tenso escenario, la solución parece depender de la capacidad de ambas partes para retomar el diálogo y alcanzar un acuerdo que permita aliviar la presión sobre los trabajadores y garantizar la estabilidad del Poder Judicial.
