Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez: hubo 25 allanamientos y el empresario quedó incomunicado en Ezeiza

Claudia Insaurralde, pareja del empresario santacruceño Lázaro Báez, fue detenida en el Aeroparque Jorge Newbery bajo la imputación de presunto narcotráfico, lavado de dinero y ante la sospecha judicial de que intentaba darse a la fuga. El procedimiento se concretó por orden del Juzgado Federal de Río Gallegos inmediatamente después de que la mujer descendiera de un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas proveniente de la capital de Santa Cruz, ocasión en la que las fuerzas de seguridad le incautaron cuatro valijas y procedieron también a demorar a sus dos acompañantes, identificados como Cristian Ibáñez y Valentina Devetac.

De acuerdo con la investigación judicial, el operativo forma parte de una causa iniciada para desarticular una presunta organización delictiva dedicada al transporte de cargamentos de cocaína en camiones entre distintos puntos del país, maniobras que se habrían desarrollado desde al menos diciembre de 2025. Los investigadores sospechan que dicha estructura estaría encabezada por el propio Lázaro Báez desde su lugar de detención en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

En simultáneo con la captura en la terminal aérea porteña, la Justicia ordenó una batería de más de 25 allanamientos desplegados en distintos domicilios de las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires. Como resultado de esos procedimientos, se concretaron otras cuatro detenciones y se secuestraron vehículos, estupefacientes, armas de fuego y abundante documentación contable. A raíz de estas pruebas, el exdueño de Austral Construcciones fue notificado formalmente de la nueva imputación en el penal de Ezeiza, donde además se requisó su celda y se dispuso su incomunicación.

Esta nueva investigación agrava de manera significativa el frente judicial de Báez, quien actualmente cumple condena firme de 10 años de prisión —ratificada por la Corte Suprema de Justicia— por el delito de lavado de activo, sumada a la sentencia de seis años de cárcel por administración fraudulenta en perjuicio del Estado dictada en la causa Vialidad.