Feria Judicial: ¿Privilegio o Necesidad Logística?

En Neuquén, el almanaque vuelve a dictar sentencia: del 13 al 24 de julio, los tribunales entran en ese letargo conocido como feria judicial de invierno. Mientras el Tribunal Superior de Justicia organiza guardias mínimas para lo estrictamente urgente, el resto del engranaje se apaga. Y aquí es donde empieza el ruido. Porque, admitámoslo, en pleno 2026, que un poder del Estado se tome vacaciones masivas mientras el resto del país sigue girando, genera —cuando menos— una ceja levantada en el ciudadano de a pie.

Para entender este fenómeno hay que viajar a 1952. Fue el 17 de diciembre de aquel año cuando una acordada dictó el Reglamento para la Justicia Nacional, estableciendo los cimientos de lo que hoy conocemos como feria. Lo que nació como una herramienta administrativa para organizar los tiempos de la justicia de mediados del siglo XX, se terminó convirtiendo en una «tradición inamovible» que hoy vive en una burbuja ajena al ritmo de la administración pública moderna.

Porque, ¿es realmente una necesidad logística o un resabio de otra época? El argumento clásico es que el Poder Judicial es una estructura tan mastodóntica que, sin un receso coordinado, el sistema colapsaría. Sin embargo, los números en Neuquén nos invitan a mirar la realidad con otros ojos: mientras el Poder Judicial cuenta con 2.411 empleados, el Poder Ejecutivo sostiene una estructura de cerca de 71.400 trabajadores públicos.

La diferencia no es solo cuantitativa, sino operativa. Ese gigante estatal, distribuido en escuelas, hospitales y oficinas que garantizan servicios básicos en toda la geografía provincial, coordina sus vacaciones anuales de forma escalonada. Ningún hospital cierra porque sus médicos necesiten descansar, ni las oficinas de atención ciudadana bajan la persiana masivamente porque el Ejecutivo no sabe organizar sus turnos. Si el aparato estatal más grande de la provincia puede sostenerse sin parates totales, ¿por qué el Poder Judicial —con una dotación de personal considerablemente menor— se autopercibe como una excepción a la regla de la eficiencia estatal?.

Este debate no es abstracto y en nuestra provincia ha tenido intentos de encauzarse. Recientemente, se presentó en la Legislatura un proyecto de comunicación impulsado por la diputada Gisselle Stillger que proponía una reingeniería institucional para acortar la feria a solo tres semanas anuales.

La iniciativa, que argumentaba que la parálisis afectaba derechos fundamentales como alimentos o violencia, buscaba modernizar el sistema en línea con el nuevo Código Procesal. Sin embargo, la propuesta no prosperó. Las resistencias, tanto gremiales como políticas —bajo el escudo de la autonomía judicial y la complejidad operativa—, terminaron por enfriar un debate que, aunque necesario, choca contra una estructura institucional que se resiste a soltar sus costumbres.

Cuando miramos hacia el mundo, las soluciones son variadas. Mientras en Estados Unidos la ausencia de feria es la norma y los jueces gestionan sus descansos con precisión técnica, otros sistemas europeos como el italiano, el portugués o el español optan por concentrar vacaciones en agosto, pero obligando a los magistrados a cumplir con turnos de guardia que mantienen el sistema vivo. Incluso en nuestra región, Chile ha demostrado que la supresión es posible si se apuesta a una gestión de recursos humanos moderna que elimine el cierre estacional, tal como ocurre en Brasil, donde la rotación garantiza que, aunque el juez se tome sus dos meses anuales, siempre hay un magistrado disponible en cada ciudad. Colombia, por su parte, ha optado por un modelo de receso acotado a apenas veinte días, buscando un punto medio que no sacrifique la operatividad.

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cortamos el hilo por lo más fino o nos sinceramos? Quizás el problema no sea el descanso, sino la lentitud. Nos quejamos de la feria porque percibimos que, cuando los tribunales están abiertos, la velocidad no es precisamente la virtud que los define. Si la justicia fuera una autopista moderna, nadie notaría ni le molestaría que se tomaran días de mantenimiento. Pero como la justicia suele ser un camino de ripio, la feria se siente como un peaje que nadie quiere pagar.

El Poder Judicial se enfrenta a un espejo que le devuelve una imagen cada vez más ajena a la realidad ciudadana. Superar el esquema actual exige consensos serios, no parches. Sostener la feria con el argumento de que «siempre fue así», cuando el resto del Estado gestiona ejércitos de trabajadores sin bajar nunca la persiana, es un privilegio que ya no se sostiene. La feria no es el problema, pero sí es el síntoma de una justicia que, en lugar de más descanso, necesita de una vez por todas una puesta a punto.