Consumos cruzados y tarjetas prestadas: declaraciones testimoniales complican el frente judicial de Manuel Adorni

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que pesa sobre Manuel Adorni suma más escándalos tras las recientes declaraciones testimoniales ante los tribunales federales: dos funcionarios de la estructura de la Vocería Presidencial admitieron formalmente que prestaron sus tarjetas de crédito particulares para concretar consumos millonarios que luego figuraron en la cuenta personal del ex jefe de ministros. La hipótesis de la fiscalía apunta a que estas maniobras trianguladas tenían como objetivo atomizar y disimular el volumen real de los desembolsos mensuales del exfuncionario.

Entre los testimonios más relevantes, la directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, ratificó bajo juramento que su tarjeta de crédito fue utilizada para costear un monitor gamer de alta gama valuado en más de dos millones de pesos. Bajo una modalidad idéntica, otro empleado de la dependencia aportó su plástico para la adquisición de dos proyectores de cine para el hogar con resolución 4K por una suma cercana a los cuatro millones de pesos. En ambos casos, los testigos aseguraron que la compensación de los saldos se realizó con la posterior devolución del dinero en efectivo de mano en mano.

Este flujo de billetes sin respaldo bancario encendió las alarmas del fiscal Gerardo Pollicita, quien busca determinar el origen de los fondos líquidos utilizados para cancelar los saldos. La sospecha de un patrimonio no declarado se robusteció tras un peritaje al teléfono celular de un contratista de obra, cuyos registros señalan pagos en efectivo por 245.000 dólares destinados a la remodelación de una vivienda familiar en un barrio privado de Exaltación de la Cruz, a lo que se acoplan facturas adicionales por blanquería y equipamiento doméstico abonadas bajo la misma metodología.

El cruce de datos financieros revela que los gastos de Adorni mediante plásticos bancarios alcanzaron los 139 millones de pesos acumulados a lo largo de su paso por la administración pública. Los sabuesos judiciales remarcan que las liquidaciones mensuales solían oscilar entre los cuatro y seis millones de pesos, montos que superaban el salario formal de 3,5 millones que percibía por sus funciones gubernamentales. A la espera de las pericias definitivas de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI), el escenario judicial anticipa una inminente intimación para que el ex vocero justifique la brecha entre sus ingresos oficiales y su nivel de vida.